LLORENÇ RIERA
Atravesar el umbral del mercado de los arrendamientos urbanos comporta adentrarse en un mundo confuso y ambiguo, que acostumbra a permanecer a media luz y por tanto, del que resulta muy complejo percibir su verdadera realidad y dimensión. La ventana de la propiedad arrendada acostumbra a estancarse en una posición entreabiera y a la que resulta muy difícil asomarse. Esta es una creencia extendida, incluso asumida y que, sin ir más lejos, se confirman por los datos fiscales vinculados al alquiler que publica hoy este periódico.
Con ellos sabemos que algo más de la mitad de los arriendos concertados en Balears eluden el control de Hacienda, con el consiguiente agravio del erario público. Se evitan impuestos. Este es el primer y casi único beneficio económico privado que ven las partes, pero también un perjuicio y un riesgo evidente porque, en caso de desacuerdo, impago o incidente, tanto provocado como fortuito, el alquiler al margen de la ley y del control fiscal puede lesionar, en derechos y obligaciones, tanto al arrendatario como al titular de inmueble.
En términos concretos y prácticos, este "pequeño fraude", en expresión de quienes lo denuncian, el sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, significa que 28.400 pisos escapan al control de Hacienda amagando a las arcas del Estado un importe global de 78 millones. Con la denuncia de los técnicos también se sirve la polémica porque la Agencia Tributaria no reconoce como válidos los datos aportados por Gestha y la administración autonómica se remite al padrón generalista que todo lo engloba. José Maria Mollinero, el secretario general de Gestha, ve en está reacción oficial una prueba evidente de "que se ha dado en el blanco", en la convicción de que la Administración fiscal sólo niega el dato cuando los denunciantes aciertan sobre él.
Con estas posturas y reacciones discrepantes resulta imposible contrastar los datos ofrecidos pero, aún con todo ello, está claro que en Balears sigue existiendo una considerable bolsa de alquiler de viviendas que ningún organismo público controla y mucho menos Hacienda sanciona en lo económico. Propietario y arrendatario se siguen poniendo de acuerdo, por lo general, en correr una tupida cortina sobre el negocio y la necesidad de los alquileres que la Agencia Tributaria no ha conseguido retirar, al margen de si ha tenido medios o voluntad para hacerlo. La reforma fiscal efectuada en 2007, en forma de incentivos para los inquilinos y las medidas adoptadas en 2008 han sido insuficientes para sacar a flote la realidad de los alquileres en Balears y en el conjunto de España que todavía presenta un índice de fraude superior al del archipiélago. En las islas, durante los dos últimos años, sólo han aflorado 3.169 viviendas de un total de 33.126 arrendamientos señalados. Sobre esta situación irregular y sobre este descontrol pueden haber incidido sin duda, a la par y de forma muy directa, los precios prohibitivos de la vivienda en propiedad y el cierre de la concesión de hipotecas por una parte y de otra, la alta demanda sobre pisos vacíos propiciada en buena parte por la inmigración y la movilidad.
