ANTONIO PAPELL
Después de un inaceptable retraso que dura ya tres años en la emisión de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, el Tribunal Constitucional está siendo el foco de una penosa secuencia de filtraciones. Y así, se sabe que la negativa del magistrado progresista Manuel Aragón a secundar los aspectos más identitarios de la nueva carta catalana –el término nación, la obligatoriedad del catalán, etc.– estaría auspiciando una sentencia moderadamente adversa a la integridad del Estatut. Si bien la presión ejercida por otros dos progresistas, Eugeni Gay y Pascual Sala, habría detenido por el momento una resolución que pudiera ser interpretada como un "hachazo" a las aspiraciones mayoritarias de Cataluña.
Lo cierto es que los presagios pesimistas han puesto a Cataluña en vilo. Ya no se trata de dar por sentado o de poner en duda el acatamiento a la sentencia sino de prepararse a afrontar, si finalmente el Estatuto cae en todo o en parte, una crisis inevitable y gravísima. Porque, en términos políticos, las consecuencias de una desautorización del resultado de un largo proceso de reacomodación de Cataluña al Estado serían demoledoras.
Las reacciones a las filtraciones pesimistas que provienen del TC están siendo, dentro de lo que cabe, templadas. Montilla dice temer por "la convivencia", Mas le propone una cumbre para fijar una estrategia unitaria, ERC advierte de que "un fallo adverso será una máquina de fabricar soberanistas"… Y, como ha dicho el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Jimeno, "no resulta creíble a estas alturas, después de tres años, que se diga que con estas palabras se está presionando al Tribunal". El problema –ha seguido diciendo Jimeno– "es que la incapacidad del Tribunal Constitucional para dictar sentencia ya produce risa".
Sea como sea, la expectativa es muy preocupante porque las continuas filtraciones provenientes del Tribunal han terminado desacreditando a la institución, que, a lo que parece, se dispone, con una audacia inaudita, a desmontar un delicado equilibrio urdido por todas las fuerzas catalanas, matizado por un acuerdo laborioso entre éstas y el Gobierno, aprobado por el parlamento de Cataluña, debatido y moderado por el Parlamento español y, finalmente, plebiscitado por el pueblo catalán. Y todo ello hace más de tres años, un tiempo durante el cual el Estatuto ha sido convenientemente desarrollado y ha dado lugar a una treintena larga de nuevas leyes.
Algunas minorías catalanas han llegado a pedir a los diez magistrados del Constitucional en cuyas manos está esta sentencia que se inhiban, que dimitan, y aunque la demanda es estridente, quizá resuma el sentimiento de buena parte de la ciudadanía, que, después de digerir un proceso de reforma estatutario demasiado largo y pésimamente gestionado, no tiene el menor interés en seguir pendiente de asuntos institucionales abstractos inoportunamente reabiertos. Y tampoco se puede dejar de sentir cierta preocupación ante la inminente celebración de 161 consultas informales en otros tantos municipios sobre la independencia de Cataluña, que revelan como mínimo un estado de ánimo tan pacífico como firme. En definitiva, bien pudiera ser que propinar un mazazo sobre el Estatuto de Cataluña equivaliera a poner en marcha una incontrolable maquinaria de autodestrucción.
