ANTONIO PAPELL
Por fin, el próximo consejo de ministros aprobará el anteproyecto de ley de Economía Sostenible. Zapatero no ha precisado los detalles de su propuesta legislativa pero sí ha aclarado que la ley representará una cadena de reformas en las áreas de la economía, el mundo laboral, la educación y la Administración.
Realmente, desde la segunda legislatura de Aznar, los sucesivos ministros de Economía y sus antagonistas en la oposición han coincidido en apreciar la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda del "modelo de crecimiento" español que desde hace tiempo daba señales de agotamiento. El objetivo, que se enumeró innumerables veces por boca de los portavoces de prácticamente todos los partidos, consiste en sustituir un modelo basado en el sector construcción y en el consumo por otro que fíe el desarrollo al incremento de la productividad, de forma que el sector exterior tome el relevo a la demanda interna. Aquellas buenas ideas pretendían provocar un "aterrizaje suave" del desaforado sector construcción, que estaba recalentándose manifiestamente, pero la recesión se ha ocupado de situarnos con crudeza ante la realidad: el hundimiento del sector inmobiliario residencial y la evidencia de que no recuperará nunca más el enfermizo dinamismo perdido obligan a realizar aquellas reformas con mayor ímpetu si de verdad queremos salir de la crisis y situar de nuevo a este país en una posición destacada.
La reformas estructurales necesarias son muchas y complejas, aunque pueden resumirse en la idea de que la conquista de la productividad requiere un esfuerzo singular en educación y en I+D+i. Además, será necesario proceder a una intensa desregulación económica, a una revisión de las reglas del sistema financiero, a una reforma de las administraciones en pos de una mayor eficiencia, a nuevos avances en materia medioambiental y a un fomento de la competencia en todos los mercados. Asimismo, el plan habrá de auspiciar la exploración de nuevos nichos de actividad en los campos de las nuevas tecnologías, de las energías limpias, etc.
El presidente del Gobierno ha incluido en su anuncio una llamada al consenso, extendida a todas las fuerzas políticas y, por supuesto, a las Comunidades Autónomas, que serán requeridas a la colaboración en una próxima reunión de la Conferencia de Presidentes. En abstracto, no parece difícil conseguir acuerdos, si bien es lógico que los dos grandes partidos discrepen en la puesta en marcha del proceso, y muy especialmente en el grado de intervención de la economía y en el modelo final de relaciones laborales.
Por supuesto, la democracia no puede renunciar ni a la dialéctica poder-oposición ni a un control estricto del gobierno a cargo de las minorías, pero todos los actores políticos deben conseguir en este asunto conciliar la legítima rivalidad y su particular visión de la economía con una complicidad de fondo en la transformación del modelo actual de desarrollo, cuyos anacronismos son responsabilidad de todos. En realidad, sería suficiente con lograr un acuerdo sólido y eficaz en materia educativa y en el impulso a la investigación y a las nuevas tecnologías para que este país emprendiera el adecuado rumbo hacia una modernización integral en la que nos va el futuro.
