ANTONIO PAPELL
El Consejo Europeo nos obsequió el jueves con las dos designaciones que mayor visibilidad deben otorgar a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa: el presidente del Consejo, una figura de nueva creación, y el Alto Representante de Política Exterior, que ahora será vicepresidente de la Comisión Europea. Y ha sucedido lo que era de temer: los veintisiete líderes europeos no estaban en absoluto dispuestos a poner al frente del Consejo a una personalidad relevante, potente, que les hiciera sombra o que pudiera rivalizar con ellos en notoriedad. Y han optado por colocar en estos cargos a dos perfectos desconocidos. No hace falta encuesta alguna para saber a ciencia cierta que Herman Van Rompuy y Catherine Ashton no alcanzaban esas mínimas cotas de popularidad y reconocimiento que exigiría una designación tan relevante. Diríase que los Veintisiete han querido recalcar en tono abrupto que no piensan ceder un ápice de su protagonismo, por más que los sedicentes europeístas ideen artificios para tratar de salvar el infranqueable abismo que separa a la sociedad europea de sus instituciones. No hace falta decir que, si se quería dar realce a la nueva presidencia del Consejo y crear una figura capaz de ejercer auténtica interlocución en la comunidad internacional, hubiese sido preciso elegir a un peso pesado de la política europea; por ejemplo, a Felipe González, a José María Aznar o a Tony Blair. Pero ¿cómo iban a aceptar los actuales líderes una tutela tan opresiva y exigente? Así las cosas, el eje franco alemán no ha tenido empacho en recurrir al procedimiento habitual: elegir a un belga anodino para cubrir el expediente.
Conviene recordar que la idea de promulgar una Constitución europea surgió de la evidencia del grave déficit democrático de la Unión Europea. La propuesta federalizante, intentada por Giscard d´Estaing, fracasó, y, con gran esfuerzo, se consiguió sacar adelante un tímido sucedáneo, el Tratado de Lisboa. Y los primeros frutos que se ofrecen a la exigente opinión pública europea son estas designaciones, que parecen sencillamente una broma de mal gusto, y el anuncio de que va a crearse un gigantesco aparato de representación exterior –más burocracia– con nada menos que 6.000 diplomáticos y 130 embajadas, que consumirán 50.000 millones de euros cada cuatro años. Esta propuesta sería magnífica si la nueva diplomacia europea fuese a reemplazar las veintisiete diplomacias estatales, pero es indecorosa si, como es obvio, tiene que superponerse a ellas.
El disparate que acaba de cometerse tendrá su traducción próximamente, cuando se constate que Europa sigue sumida en la irrelevancia internacional y sin interlocutores capaces de ponerse al teléfono cuando otro líder mundial desea hablar con quien represente realmente a la Unión Europea. Cuando Obama venga a España el próximo semestre a mantener la cumbre anual USA-UE, habrá que ver si alguien tiene la ocurrencia de sugerir alguna simetría entre el presidente norteamericano, que ha pasado por un exigente y dilatado proceso de selección democrática antes de llegar a la Casa Blanca, y ese tal Van Rompuy, que lleva en la cara la misma expresión de perplejidad que hoy tenemos todos los europeos frustrados con su nombramiento.
