ANTONIO PAPELL
La llamada izquierda abertzale, en realidad el entorno sociopolítico de ETA, no se resigna a su definitivo confinamiento, que, por decisión de una abrumadora mayoría democrática, no cesará hasta que se haya producido una fehaciente e irreversible desaparición de ETA. Con Otegui en prisión por violar la ley de Partidos e intentar reconstruir la Batasuna proscrita, ha sido esta vez su abogada, Jone Gorizelaya, quien ha efectuado la última propuesta de negociación política con el Estado, basada en las periclitadas ideas de Anoeta de 2004 (una negociación política de todos los partidos simultánea a una negociación técnica entre ETA y el Estado). La propuesta, último espasmo por ahora de una inexorable agonía, no incluye una condena de la violencia de ETA y la única novedad que aporta es el compromiso con los "principios Mitchell", en referencia al senador estadounidense George Mitchell que ejerció una eficaz mediación en el conflicto de Irlanda del Norte. Gorizelaia, que presentó el pasado sábado su declaración en Venecia y en Alsasua, trató de aparentar respetabilidad haciéndose acompañar por varios "pacificadores" profesionales, pero el eco de la propuesta ha sido efímero y escaso.
De entrada, es evidente que la similitud de este plan de la izquierda abertzale con el que dio pie al "proceso de paz" de la pasada legislatura representa en sí misma una ofensa a la inteligencia de quienes formamos la opinión pública de este país. Si aquellas polémicas propuestas, que recibieron la arriesgada receptividad del Gobierno español, desembocaron en la brutalidad exorbitante de ETA, que traicionó la tregua que ella misma había declarado y rompió unilateralmente cualquier posibilidad de entendimiento, la sola mención a intentar de nuevo una "negociación" con idénticos mimbres produce irritación y desprecio.
Pero, además, el anacronismo de ETA y sus secuaces se hace cada vez más llamativamente absurdo: la declaración insiste, en un lenguaje inaceptable, en solicitar una "negociación entre ETA y el Estado español que verse sobre la desmilitarización del país, liberación de presas y presos políticos vascos, vueltas de exiliadas y exiliados y un tratamiento justo y equitativo al conjunto de víctimas del conflicto". ¿Cómo puede alguien imaginar que, a estas alturas, el Estado democrático se avendrá a hablar siquiera con una vulgar cuadrilla de asesinos?
La frustración generada por el final traumático del último intento de negociación –el tercero, tras los auspiciados por González y Aznar– fue de tal magnitud que es impensable que pueda producirse otro proceso semejante. La convicción de que la violencia etarra, con su correspondiente acompañamiento social, es fenómeno criminógeno que debe ser extirpado del cuerpo social es ya firme e irreversible. Y esa firmeza se ha consolidado con la alternancia que ha tenido lugar en Euskadi, que ha relativizado la pulsión soberanista, ha desmitificado el simbolismo espurio del fanatismo violento y ha desmontado las últimas artimañas de control social que aún pervivían en ciertos intersticios de la ciudadanía. En definitiva, esa nueva propuesta, que es "más de lo mismo" en palabras certeras de Rubalcaba, ya ni siquiera merece respuesta: tan sólo acredita que la lucha poliédrica contra la violencia está avanzando por el buen camino.
