SEBASTIÀ VERD
El fiscal general del Estado, Conde Pumpido, justificó ayer su ya vieja decisión de no prorrogar la investigación de los fiscales Carrau y Horrach sobre el patrimonio de Matas. Fue, recuérdese, el pasado Mayo. Una decisión polémica que evidenció la disparidad de criterio a la hora de enfrentarse a este presunto caso de corrupción entre los fiscales mencionados, el fiscal general y el fiscal superior de Balears, Bartomeu Barceló, quien finalmente apartó a sus subordinados de la causa. Sin embargo, el carpetazo dado en las más altas instancias de la fiscalía no archivó la investigación, puesto que un juez, José Castro, decidió unirla al Palma Arena. El motivo es muy simple: en el velódromo se gastó mucho más dinero del que presumiblemente costaron las obras y, simultáneamente, el ex president compró su palacete por mucho menos de lo que vale.
El "regalo", de cerca de 1´5 millones de euros, según las tasaciones realizadas por la policía judicial y la Agencia Tributaria, llevó a los fiscales Carrau y Horrach a redactar una querella por presunto cohecho contra Jaume Matas, denuncia que Pumpido y Barceló abortaron. El fiscal general del Estado dijo ayer ante la Comisión de Justicia del Congreso que por lo que se conocía entonces "no se desprendían datos que permitiesen continuar una línea de investigación de delitos concretos". ¿Los había? Unos fiscales y un juez pensaron que sí y no dudaron en abrir un camino paralelo para investigar el, a su juicio, sospechoso enriquecimiento del ex president.
Por detrás queda la imagen de la famosa entrevista que Matas y Pumpido mantuvieron en Madrid cuando aquel voló raudo a la capital del Estado al sentirse acorralado por el caso Andratx. Y queda también la negativa del fiscal general a que se presentase la querella. Ésta es la historia pasada, mientras que la presente es la inspección realizada en los domicilios de la familia Matas en Palma y Madrid. Y la futura: la comparecencia del ex president como imputado en marzo. Pumpido dijo ante el Congreso que el caso de Matas es el único que paró o intentó parar entre las 264 causas abiertas contra políticos en España. También aportó otro dato interesante y vergonzoso, que siete de ellas se refieren a UM, un porcentaje muy elevado para desdicha de los socios que Matas tuvo en la pasada legislatura.
La explicación del fiscal general sobre su actuación en el caso Matas no convenció a tenor de los muchos casos de presunta corrupción o de corrupción que se han dado en las islas. La sociedad balear necesita saber qué ocurrió en el pasado para no recaer en los mismos errores. Y para hacerlo no queda otro remedio que llevar a cabo las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, para que no haya dudas sobre el veredicto final, sea cual sea.
