ANTONIO PAPELL
Con independencia de los pormenores que puedan conocerse más adelante y de los análisis más minuciosos que hayan de venir, la terminación del secuestro del Aalakrana, con la libertad de sus 36 tripulantes previo pago de 2,3 millones de euros –la petición inicial fue de cuatro millones de dólares-, ha de calificarse de exitosa en términos generales. El gravísimo error de la innecesaria detención de dos secuestradores, que entorpeció las negociaciones y que podía haber provocado un verdadero desastre, se ha conseguido paliar mediante una buena gestión del problema, que rindió sus frutos ayer, cuando se produjo el feliz desenlace sin que previamente se hubiese accedido a la inviable exigencia de dejar en libertad a los dos delincuentes capturados in fraganti y puestos a disposición judicial.
El secuestro ha durado 47 días, un plazo que no excede de lo que es usual en las docenas de casos semejantes que se han producido en las mismas aguas y con la misma autoría, y se ha saldado con un precio que puede calificarse de ´normal´. En consecuencia, es justo reconocer que lo que se desencaminó al principio, se ha orientado correctamente hasta el desenlace. Rodríguez Zapatero felicitó ayer por ello a sus ministros, empezando por la vicepresidenta Fernández de la Vega, coordinadora de la célula de crisis, aunque evidentemente no todos ellos han demostrado idéntica eficacia. Tiempo habrá de valorar el papel de cada uno.
Con toda probabilidad y aunque nada se ha precisado al respecto, la liberación habrá de tener como contrapartida, además del dinero del rescate, la entrega de los dos piratas somalíes, que habrá sido prometida bajo palabra por los mediadores que han actuado en nombre del Gobierno español. Y, dada la imposibilidad de que el Ejecutivo interfiera de algún modo en los procesos judiciales en curso, tal liberación ya sólo podrá lograrse por la vía del indulto, una vez que haya recaído sentencia firme sobre los dos somalíes (ayer, el juez Pedraz allanaba el camino para la rápida celebración de la vista oral, que podría celebrarse antes de un mes). En el terreno jurídico, esta concesión no forzará más la legalidad que el pago del rescate propiamente dicho (en estos casos, puede esgrimirse legítimamente la eximente de estado de necesidad); y en el terreno político, tampoco pueden plantearse objeciones distintas de las que contiene el reproche por el error inicial de detener a los dos secuestradores.
En definitiva, llegado a su término el episodio dramático con un desenlace satisfactorio, ya puede plantearse con crudeza la responsabilidad de dicho error, que fue desde el primer momento tan evidente como incomprensible y que ahora deberá explicarse. Lo que se averigüe sobre el caso tendrá que servir de precedente en ulteriores episodios semejantes, aunque la instalación de seguridad privada en los pesqueros debe aportar una seguridad decisiva a nuestra flota atunera en aquellas aguas. En cualquier caso, España, golpeada por este problema que es consecuencia de la anarquía somalí, debe tomar ahora iniciativas para que la operación Atalanta sea seguida por un plan internacional de reconstrucción del devastado país africano.
