Tras los últimos y graves contratiempos que ha padecido el PP, Rajoy ha tenido la buena idea de relanzar su organización este pasado fin de semana mediante un gran acto de partido en Barcelona que ha servido para el lanzamiento de una serie de mensajes positivos, de regeneración frente a la corrupción y de unidad contra los intentos disolventes que se han registrado. Pero sin ninguna duda la declaración más llamativa de Rajoy ha sido la de que estaría dispuesto a reproducir en Cataluña un pacto de gobierno con el PSOE semejante al vasco.

La idea, sorprendente, ha sido mal recibida. La reacción más dura ha sido la de Duran Lleida, quien ha acusado al PP de buscar un pacto "para excluir del Gobierno de la Generalitat a la fuerza mayoritaria que es CiU". Duran ha recalcado que a su entender "la única alternativa real que existe al tripartito es CiU". Tampoco ha gustado la propuesta a ERC, que ha hablado de "acuerdos contra natura". Pero el rechazo más significativo ha sido el del PSC, que ha puesto de manifiesto la obviedad de que las condiciones para tal alianza en Euskadi y en Cataluña son muy diferentes.

En efecto, la coalición entre las dos formaciones estatales en Euskadi, que tiene un carácter lógicamente excepcional, se justifica por la necesidad de consumar la alternancia política después de casi tres décadas de unidireccionalidad nacionalista, con el objetivo central de contribuir al aislamiento definitivo de los violentos, no sólo en términos policiales sino también y sobre todo en los diferentes ámbitos sociales, poniendo fin a la situación de solapada tolerancia nacionalista hacia ETA y estableciendo un riguroso cordón sanitario en torno al mundo radical.

No hace falta decir que en Cataluña no es válido ninguno de estos argumentos: no sólo no hay violencia alguna sino que el sistema autonómico ha demostrado su capacidad para escenificar la alternancia sin la menor convulsión. No hay, pues, razones de ningún género para que en el Principado se invirtiese la dialéctica de poder que preside las relaciones políticas en el conjunto del Estado.

Es manifiesto que Rajoy tiene un problema de falta de centralidad en Cataluña, que proviene de su voluntario distanciamiento del núcleo sociopolítico que ha impulsado el nuevo Estatut. El recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la nueva carta catalana, que puede entenderse como prueba de coherencia con los fundamentos doctrinales del partido conservador, y que lógicamente ya no puede retirar Rajoy –según sus propias declaraciones, ello lo convertiría en "un hombre sin palabra"-, ya sólo puede depararle contrariedades: si el recurso prospera, el PP será visto como el enterrador del Estatut; y si no prospera, quedará como su enemigo.

Rajoy es consciente de que sin mejorar su posición relativa en Cataluña –tiene 25 diputados nacionales menos que el PSC-PSOE- difícilmente podrá alcanzar La Moncloa. Pero la mejora no provendrá en ningún caso de un cambio de táctica sino de un replanteamiento integral del discurso. Josep Piqué lo entendió claramente, pero fue laminado. Quizá la solución que busca Rajoy habrá de pasar por el rescate de aquellas ideas.