SEBASTIÀ VERD
La presidenta del Parlament no defraudó en su comparecencia ante el juez como imputada por Can Domenge. A decir verdad, no sabemos a qué conclusión habrá llegado el juez que instruye el caso y si las explicaciones dadas habrán satisfecho o no a los fiscales, pero, de puertas a fuera, Maria Antònia Munar se comportó tal cual cabía esperar de ella, dando prueba de su genio y figura. A su llegada y salida cosechó tantos pitos como aplausos. Aplausos de los suyos y pitos del Círculo Balear y de jóvenes de Esquerra Unida. Pero ella no se alteró en absoluto. A unos, a los suyos, y a los otros, dirigió besos. Utilizó su coche oficial, llegó puntual en contra de lo que acostumbra y al final en lugar de responder en la calle al coro de periodistas, como suele ser habitual, les citó en el Parlament.
Maria Antònia Munar era consciente de que, se la juzgue o no, la citación del Tribunal Superior de Justicia era una condena a la "pena de telediario" y que, puesto que era inevitable –y que no podía interferir dentro del Palacio de Justicia– sí podía manipular la puesta en escena exterior a su conveniencia. Y lo hizo. Se la citaba porque se sospecha que la venta de Can Domenge pudo ser delictiva, pero ella ya no ocupa el cargo de presidenta del Consell sino otro, más representativo si cabe, pero que nada tiene que ver con su imputación. Y, sin embargo, no dudó en dejar claro que ella era la Presidenta del Parlament. Al fin y al cabo estaba segura que así la presentarían los telediarios.
Y no era para menos. Los numerosos casos de políticos imputados por corrupción o presunta corrupción, en Balears, han llamado la atención de todos los medios, de aquí y de fuera. Recuérdese como la imputación de Maria Antònia Munar llegó escasamente una semana después de que también fuera imputado, por el Palma-Arena, quién fuera su principal socio y valedor en la pasada legislatura, el ex president Matas. Sólo esta coincidencia es suficiente motivo de escándalo, aunque en realidad lo realmente escandaloso es el mal uso del dinero público que se hizo. De hecho, en relación a eso y por lo que ha trascendido de la declaración, Maria Antònia Munar defendió la legalidad del concurso y de la adjudicación de Can Domenge, pese a la pérdida de treinta millones. Para ella su imputación es un simple gaje de su oficio.
Un político que toma decisiones siempre está expuesto a que se querellen contra él, dijo. En este caso, quién se querelló fue Núñez i Navarro porque quería pagar el doble de lo que establecían las bases del concurso, pero según la presidenta, no le creyeron. Querían un proyecto emblemático y de lujo para la ciudad y por eso, para lograrlo, rebajaron el precio. Según Munar, de haber querido viviendas sociales incluso podrían haber regalado los solares. ¿Le pasó eso por la cabeza en algún momento? Por supuesto que no, ya que de sobras sabemos que la política urbanística de UM, al menos en aquel momento, no iba por ahí y que el proyecto de Sacresa y de Ferratur se ajustaba perfectamente a sus postulados, tanto como para dar pie a las sospechas que investiga el TSJB.
