Decía don Manuel Fraga que en los países del mundo occidental o llamados del primer mundo, hay dos principios sobre los cuales pivota su cultura política que no se discuten. Estos dos principios son: el de conformar una sociedad abierta y el de regirse por sistemas democráticos.
En cuanto a la sociedad abierta esta se apoya en el sistema de libertades reales, en el imperio de la ley, en la aceptación de la mayoría y respeto a la minoría, y en la defensa de que las libertades deben inscribirse en un marco constitucional democrático
En cuanto al sistema democrático su núcleo pivota en que las grandes decisiones políticas deben ser tomadas de acuerdo con la mayoría de los ciudadanos. Para ello la única manera de lograr un sistema democrático, en que las decisiones políticas y administrativas sean respectadas, es aquel que obliga a los gobernantes a someterse al veredicto implacable de las urnas, posibilitando así la conformación del partido gobernante o el cambio de este por un equipo alternativo. Ahí tenemos la primera derivada; y esta no es otra de que es fundamental que el sistema electoral elegido sea lo más representativo posible y que a la vez obligue al elegido rendir cuentas ante los electores.
Es obvio, que con este planteamiento y la experiencia acumulada en estos 27 años de política activa, me posicione claramente por defender el sistema electoral mayoritario y lo hago entre otras razones porque no tengo duda de su superioridad sobre los sistemas electorales de representación proporcional; superioridad que la podemos fundamentar en la experiencia acumulada de aquellos países que la practican, como es el caso más emblemático de Inglaterra y en que el sistema electoral mayoritario implica que el elegido se ocupe y se preocupe todos los días de tener contacto permanente con sus electores, mientras que en el sistema proporcional las responsabilidad se diluye, no es tan directa y el elegido se ocupa más por agradar al líder de turno que es el que tendrá la última palabra en la confección de las listas, que en rendir cuentas ante sus electores que en muchos casos ni les conoce ni le conocen
Si lo dicho anteriormente no fuera suficiente quiero recodar que en los sistemas mayoritarios al ser la distancia entre los representados y representantes más corta hace que los partidos políticos no impongan la burocracia del partido y tengan que adecuar sus preferencias en la elección de candidatos en aquellas personas que aportan más votos, más preparación, más experiencia y que conectan más directamente con la base electoral, limitándose así intrigas de clanes, grupos, y aventuras personales, que lo único que pretenden es poder ser la llave que abra la puerta a la hora de conformar una mayoría.
Los beneficios del sistema mayoritario también los encontramos en la relación entre Gobierno y Oposición ya que los ciudadanos cuando votan saben a quién votan y lo que votan, haciendo prácticamente inviable los cambios de pareja oportunistas con lo cual la estabilidad política es más segura y a la vez la política se dignifica. No podemos dejar pasar por alto que conseguir una mayoría por el sistema mayoritario es más fácil pero también es más fácil cambiarla cuando las cosas no van bien y elegir otro gobierno lo cual implica que con una oposición responsable y un gobierno estable, la tentación a la manipulación, la corrupción y la demagogia se ve muy limitado.
Después de 30 años de democracia, creo necesario e imprescindible cambiar la ley electoral y evitar así espectáculos esperpénticos de formación y agrupación de mayorías entre partidos que nada tienen que ver unos con otros y cuya finalidad de unión no es otra que evitar que gobierne, no solo ya el partido más votado sino incluso, el que ha obtenido mayor número de representantes. Balears es un ejemplo de tal distorsión de la voluntad popular; por supuesto legal pero de dudosa legitimidad. Yo, al igual que don Manuel Fraga, creo que la pervivencia del actual sistema electoral debilita la democracia, se está convirtiendo en un elemento negativo de estabilidad institucional y perjudica lo que podríamos denominar "ejemplaridad política".
Para finalizar, en la modificación electoral que aquí se propone, creo que debería revisarse también el excesivo número de convocatorias electorales, unificando elecciones locales y autonómicas por un lado y generales por otro, ya que con la actual estructura, y en especial una vez modificados los estatutos de Autonomía, en España podría darse el caso que cada trimestre de cada año tuviéramos abierto un proceso electoral en una de las 17 Comunidades Autónomas. Además la reducción de convocatorias electorales tendría el efecto beneficioso de reducir gastos, tanto a los partidos políticos como a la administración del estado y que a su vez traería como consecuencia una mayor transparencia en torno a los mismos. Nuestra es la responsabilidad, en especial del PSOE y del PP, de iniciar las oportunas reflexiones tendentes a posibilitar un cambio de la actual Ley Electoral.
(*) Senador
