PEDRO VILLALAR
En octubre, el Tribunal Constitucional italiano tumbó una ley que preservaba la inmunidad de Berlusconi, imputado en diversos procesos judiciales abiertos. Pero el primer ministro no parece dispuesto a rendirse ni a afrontar como cualquier ciudadano los requerimientos judiciales: aprovechando la holgada mayoría parlamentaria de que dispone, está tramitando una ley a su medida que abrevia los procedimientos abiertos y acelera la prescripción de los delitos. La utilización de las instituciones del Estado para conseguir privilegios personales es una conducta propia de los peores dictadores, y desde luego incompatible con la democracia parlamentaria al uso, basada en el imperio de la ley. Y sin embargo, eso está ocurriendo en el corazón de Europa, ante los ojos de todos los ciudadanos de la Unión Europea, sin que nadie se atreva a protestar por esta tergiversación del régimen italiano a manos de un individuo con vocación de autócrata. El silencio cómplice de las instituciones, de los medios y de las universidades de Europa ante las marrullerías de Berlusconi es una mala noticia que sólo puede interpretarse como una prueba de debilidad intelectual.
