ANTONIO PAPELL
Por la mínima, con solo 176 votos a favor, el jueves fue aprobada en el Congreso la nueva versión de la LOFCA, que ha sido reformada para tomar en consideración el acuerdo adoptado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 15 de julio.
Lógicamente, la plasmación en la norma de aquel acuerdo ha reabierto las heridas en el nacionalismo catalán: ERC e ICV, integrados en el "tripartito", han votado a favor y CiU, actualmente en la oposición, en contra. Además, el portavoz de este partido, Josep Sánchez Llibre, ha calificado la ley de "asesinato político con premeditación del Estatuto de Cataluña". En el otro extremo, el PP ha lanzado un discurso de singular dureza en el que ha calificado de injusto el nuevo modelo, que a su entender consagraría la desigualdad entre españoles.
La polémica más enjundiosa es sin duda la que tiene lugar en el interior de Cataluña, y que se puede resumir en la siguiente paradoja: el Estatut pretendía establecer una relación bilateral singular entre Cataluña y España de corte cuasi confederal; y sin embargo, la financiación de Cataluña se realiza a través de la LOFCA, que es el instrumento común de financiación de todas las comunidades autónomas de régimen general. Esto es lo que quería poner de manifiesto Sánchez Llibre en su estridente intervención.
El diputado de CiU en el Parlament catalán Francesc Homs ha enumerado las principales consecuencias de la supeditación del Estatut a la LOFCA: "el papel de la comisión mixta de asuntos económicos Estado-Generalitat queda recortada, la creación del consorcio tributario queda sin efecto, el esfuerzo fiscal no es tenido en cuenta a la hora de cubrir los servicios esenciales del Estado de bienestar, el principio de ordinalidad es omitido y se obvian variables sobre la población como la inmigración y la densidad o sobre los costes diferenciales de la vida". En suma, Homs piensa que "aceptar estas rebajas es dar la razón al abogado del Estado y renunciar a los argumentos de los letrados de la Generalitat". Se refiere, evidentemente, a las posturas de las partes con respecto a los recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut que actualmente debate el Tribunal Constitucional.
Las noticias que llegan de esta institución no son sin embargo felices para los nacionalistas catalanes que apostaron por la referida "bilateralidad". Todo indica que en el seno del TC va potenciándose la opinión de que determinados aspectos de la Carta Catalana –la definición como "nación", la obligatoriedad del catalán, la bilateralidad misma…– son muy difíciles de compatibilizar con la Ley Fundamental española. Y en cualquier caso, sea cual sea la sentencia del TC, es ya cada vez más evidente que un sector de la clase política catalana llevó a esta comunidad a una exorbitante aventura estatutaria tan efervescente como innecesaria: ahora se ve que para mejorar la financiación de la autonomía catalana no era necesario tan largo y peligroso viaje. Y si el TC termina cercenando determinados vuelos estatutarios, los promotores de aquellos excesos, con Maragall a la cabeza, tendrán que dar muchas explicaciones a la opinión pública por haber alumbrado imposibles que ahora engendrarán frustración.
