PEDRO VILLALAR
Tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que supone la creación de un verdadero ministerio de asuntos exteriores dependiente del Consejo, la UE se dispone a crear un servicio exterior de la Unión (el Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE). Constará de 130 embajadas servidas por unos 6.000 diplomáticos y funcionarios, y su implantación costará más de 50.000 millones de euros, según cálculos optimistas. España aportará en abril sus treinta primeros diplomáticos al nuevo Servicio. En principio, la propuesta suena bien… hasta que se cae en la cuenta que esta gigantesca maquinaria no sustituirá, como parecería natural, el servicio exterior de los 27 miembros de la Unión Europea sino que se superpondrá a él. En otras palabras, estamos duplicando lo que ya existe, dilapidando raudales de dinero público y engendrando un larvado conflicto de competencias. En el caso español, el dislate es todavía mayor ya que nosotros vamos todavía más allá en este delirio: como es conocido, nuestra representación estatal en el exterior coexiste con una cada vez más abundante representación autonómica. Por lo que dentro de poco, podremos alardear de una diplomacia estructurada en tres niveles. ¿Cómo es posible que nadie haya caído en la cuenta de que este despilfarro basta para que la opinión pública europea deteste definitivamente el Tratado de Lisboa?
