Editorial

Congelación salarial a los funcionarios y paz social

 20:23  

Éste está siendo un año duro, pero el que viene aún puede ser peor si los brotes verdes que se vislumbran en Europa no florecen a tiempo para la temporada turística. Por eso hay que estar preparados. El Govern y el CRE (Centre de Recerca Econòmica) coinciden, más o menos, en que Balears bajará un punto y medio en su producto interior bruto, lo que supone para las arcas de la comunidad autónoma la pérdida de unos mil millones de euros en impuestos. Una falta de ingresos que debe ser compensada con un recorte de gasto en los presupuestos generales cuando, precisamente, más falta hace invertir en la mejora del tejido productivo y, sobre todo, en servicios sociales para hacer frente al drama del paro. Veintitrés mil funcionarios pueden verse afectados por este recorte al tener que aplazarse las mejoras salariales que se habían pactado y que suponen unos quince millones de euros. ¿Es eso justo? ¿Es exigible que los empleados públicos sean solidarios con el resto de la sociedad?
Lo evidente es que aunque la mayoría de los ciudadanos consideran que los funcionarios ven la crisis con ojos diferentes, dada la tranquilidad de un sueldo seguro, el propio colectivo ha reaccionado con indignación generalizada ante lo que califican como un incumplimiento inaceptable por parte del Govern balear y, sobre todo, después de que el propio Ejecutivo ha sido incapaz de aplicar recortes efectivos en su mastodóntica y clientelar estructura de poder. La tesis de que la crisis afecta a su fuente de ingresos, es decir a los impuestos para proveer de fondos a las administraciones públicas, no les parece justificación suficiente para aceptar un retraso "solidario" en los pagos hasta que la situación económica mejore, de manera similar a otros colectivos que se han visto forzados a reducir sus salarios, a trabajar menos horas o, simple y llanamente, a irse al paro. Desde el Ejecutivo autonómico se acepta que en circunstancias normales sería inadmisible retrasar unos acuerdos logrados tras muchas negociaciones, pero insisten en que la situación es casi de emergencia y, para salir adelante, se necesitará del esfuerzo y la solidaridad de todos.

Los sindicatos, y en general los agentes sociales de Balears, han demostrado, en la mayor parte de las ocasiones, su sensatez cuando se enfrentan a situaciones extremas, pero las primeras reacciones han sido muy claras en el sentido de "dar por rota la paz social". Habrá que esperar a las próximas semanas para ver si el Govern y sus funcionarios pactan un acuerdo favorable a los intereses generales. El problema, en cualquier caso, es de fondo. Es la propia dimensión de la administración autonómica –y de todas las otras administraciones– que ha crecido muy por encima de sus posibilidades. Cuesta demasiado mantenerla y en época de crisis es algo casi imposible. Son necesarios más empleados públicos en determinados servicios, como Sanidad y Educación, pero es evidente que sobran en otros lados. Particularmente, sobran cargos públicos, o eso es lo que piensa la mayoría de los ciudadanos, para quienes los políticos sólo predican austeridad para los demás.
A raíz de la crisis del Consell de Mallorca comprobamos cómo los partidos políticos son capaces de llegar a acuerdos en todo salvo en la reducción de los cargos y sus correspondientes prebendas. Un serio hándicap que se agrava con los muchos casos de corrupción. Si el Poder no es el primero en dar ejemplo para colaborar a la paz social ¿cómo exigir a sus funcionarios y conciudadanos que lo hagan?

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