Súbitamente, ha surgido la polémica: el PP, que adquirió y puso en marcha el sistema Sitel para la interceptación de comunicaciones, manifiesta ahora dudas sobre su constitucionalidad y pide una ley orgánica que lo regule con todas las garantías. Tras esta denuncia, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos han emprendido sendas investigaciones. La defensa de los derechos fundamentales –y entre ellos de la privacidad de las comunicaciones, que sólo pueden ser intervenidas por orden judicial– merece el mayor énfasis y ha de ser constantemente mantenida con espíritu vigilante y atento. Pero es muy sospechoso que la inquietud del PP se haya suscitado precisamente ahora, cuando diversas tramas de corrupción en las que están envueltas personalidades del PP han sido descubiertas mediante escuchas telefónicas, lógicamente autorizadas por los jueces. El celo democrático es una cosa y el intento de anular procedimientos judiciales incómodos mediante subterfugios leguleyos es otra muy distinta. Y el deseo de impunidad que asoma como la espuma de este asunto resulta francamente inquietante.
