Se publicaba el otro día una de esas estadísticas que no te dan ni frío ni calor: Balears es la segunda comunidad autónoma en lo que se refiere a patrimonio catalogado. Dicha posición en el ranking nos llenaría de orgullo si significara algo para nosotros, que asistimos a la edificación progresista de un hospital público sobre un yacimiento romano. Pero ni eso. La protección de los bienes culturales sirve de muy poco sin dinero para mantenerlos, y sin mayor interés para las instituciones que el de declararlos de interés y olvidarse de ellos y de sus dueños, si los hay. Un particular mallorquín, Manuel March, acaba de subastar en la casa Christie´s objetos artísticos de su propiedad que habían merecido el aprecio del organismo público pertinente, y de la legislación pertinente, que se habían catalogado y después, nada. Para cuando la maquinaria administrativa se ha puesto en marcha tras una alerta tardía, una entidad de rango superior como es el ministerio de Cultura ya les había otorgado el certificado de exportabilidad y se han vendido con todas las bendiciones. El asunto se saldará con una mínima sanción o ninguna, y una queja entre dos burocracias incomunicadas. Si el acervo común ha salido o no perjudicado por la marcha de la isla de unas piezas valiosas, pero que no eran de disfrute público, es un debate demasiado sutil en un tiempo como éste, con proyectos millonarios parados por falta de financiación, recortes presupuestarios en ámbitos mucho más cercanos a las necesidades cotidianas de las personas y el paro creciendo a la velocidad del rayo. No estamos para emocionarnos por mesitas de palosanto y nácar, en una palabra.
Otro bien protegido que no asemeja un canterano que ve los siglos pasar sin inmutarse, sino todo lo contrario: el edificio de GESA. Hace un par de años, los partidos de la oposición que hoy levantan un hospital sobre un yacimiento romano lo emplearon como arma política contra los contrincantes del PP y lo declararon bien patrimonial para evitar la demolición prevista, basándose en un interés arquitectónico que una lega como yo aún no comprende, y mucho menos dada la situación estratégica de semejante mole delante del mar. Pudo parecer una idea estupenda con las vacas gordas, pero ¿y ahora? A día de hoy, se ignora incluso a quién pertenece y quién debe responsabilizarse de su mantenimiento. Las llaves las custodia un notario, nadie se ocupa de su integridad e incluso ha empezado a ser objeto de allanamiento. Los políticos lo sacralizaron, lo abandonaron y tal día hará una década. Además, el físico de su emplazamiento ha mutado, y ahora le acompañan dos obras mastodónticas en marcha, la del Palacio de Congresos y su hotel de cinco estrellas anejo, proyectos cargados de todas las incertidumbres posibles menos una: en pocos meses, la fachada marítima de Palma no va a enviadiarle nada a la de Hong Kong. La Guardia Civil ha solicitado para sí el uso de GESA, y me pregunto si su aspecto mejoraría con una megabandera española en la cúspide, pero ya le han dicho que no. No saben para qué lo quieren, ni si lo quieren, y en todo caso carecen del dinero necesario para convertirlo en algo distinto a lo que es, un bloque de oficinas que se deteriora por estar vacío.
Tal vez sería un buen momento para que el Ayuntamiento se replantease con valentía la reversión de la catalogación de este inmueble, dentro de la política de reducción de gastos y problemas en curso. Decir a la ciudad algo así como: nos hubiera gustado tenerlo, pero no puede ser, cuesta mucho y no vale tanto. Todos los que vamos recortando de aquí y de allá en nuestro presupuesto para ajustar el balance doméstico les entenderíamos rápido.
