LLORENÇ RIERA
Recibir, el mismo día en que se confirma que Balears bate su récord de parados y se sitúa nada menos que en 81.683 desempleados, la noticia de que el Govern toma la decisión unilateral de suspender los aumentos salariales ya pactados con sanitarios, profesores y funcionarios significa hurgar, aún más, en las profundas heridas que afectan, ahora mismo, a la situación laboral y por intersección directa, a todo el tejido social de las islas. La precariedad es tal que la falta de estímulos vinculada a incapacidad por generar empleo puede afectar a las estabilidad del sistema, sobre todo cuando, como era de esperar, los sindicatos reaccionan con dureza frente a la intromisión del Govern en el bolsillo de sus asalariados. Dan por terminada la paz social con las administraciones públicas. Se adivina, en el horizonte más inmediato, una época de inquietud y conflictividad laboral.
El conseller de Hacienda, Carles Manera, ha declarado que la elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2010 es el ejercicio más complicado "de toda mi vida profesional". A tenor de los resultados que se van reconociendo de los recortes obligados, también lo tendrá muy complicado para obtener los objetivos apetecidos porque, de entrada, las medidas inciden en la desconfianza y bajan la credibilidad ya mermada de un Govern incapaz o insolvente para cumplir su propia palabra, también en materia laboral. Como consecuencia de ello, los empleados públicos van a percibir entre 35 y 250 euros menos al mes que ya estaban pactados en convenios o acuerdos. Que se sepa, sólo Educación alimenta algún tipo de esperanza para poder abrir, aunque sea con menor fluido, el grifo que se ha cerrado para los asalariados dependientes de la administración autonómica. Antes que la reducción de cargos o departamentos, ha llegado el uso de tijeras sobre las nóminas. Evidentemente, no era este el camino que esperaban los trabajadores. Ni la mejor inyección de ánimo que necesitaban por ejemplo, sectores tan castigados como Sanidad o Educación.
Pero no todo está tan claro. El Govern no ha tenido el tacto suficiente para avisar a los afectados de la medida, lo cual contribuye a encrespar la situación. Los sindicatos van fijando posiciones a medida que les llega la información por terceros o por intermediarios. UGT ya ha puesto en cuarentena una medida que "tiene dudoso encaje jurídico", amparándose en la premisa de que los acuerdos alcanzados con las administraciones públicas son de obligado cumplimiento. Digámoslo de otra forma: ¿Mantiene el Govern su capacidad y su autoridad para exigir el cumplimiento de la norma a los ciudadanos cuando él mismo reniega de las suyas? El Sindicato de Enfermería se queja de una "Administración ocultista" y otros portavoces sindicales tienen dificultades para hallar en la democracia española antecedentes de recortes de este tipo en Salud y Educación. Está claro que se avecinan tiempos difíciles. A los problemas intrínsecos de la crisis económica se añade ahora la falta de tacto para administrarlos. O la tentación fácil de empezar por los más débiles.
