VIRGINIA EZA
Antich pasea una expresión de decaimiento que se intensifica cada semana. Apoyado en una farola, observaba el lunes con estupor las ruinas del edificio en el que perdieron la vida siete personas. Es el president de una Comunidad sobre la que parecen haber caído todos los males de ojo que se puedan imaginar, con un estallido coordinado de degradación económica, política y, ahora también, material. Ni siquiera ahí donde debería poder actuar, en su Ejecutivo, puede tomar la decisión de sustituir a un conseller imputado, al tratarse de un miembro de uno de sus socios de legislatura (UM). Quizá a los actuales dirigentes ´uemitas´ no les importaría en exceso que se prescindiera de Miquel Nadal e, incluso, algunos brindarían por la decisión. Sin embargo, el efecto inmediato sería el de dejar sin argumentos la continuidad de la segunda autoridad de Balears, la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, también imputada. Y eso son palabras mayores. Frente a la expresión de impotencia de Antich, Munar se muestra impasible, sin perder ni sonrisa ni compostura, segura de sí misma, convencida de que su imputación no irá más allá.
Mientras, el delegado del Gobierno, Ramón Socías, ha llegado a la conclusión de que existe el riesgo de que los ciudadanos acaben sintiendo "asco" por la política ante el "goteo" de casos de corrupción. Los ciudadanos le llevan la delantera: es suficiente escuchar cualquier conversación en un bar para saber que ese asco ya es una realidad. En favor de Socías conviene resaltar que, a pesar de esa lentitud en percibir algo tan evidente, es un adelantado dentro de la clase política. Mientras se extiende la podredumbre de la corrupción por todo el país, los políticos reaccionan intentando poner parches que ahora ya, además de llegar tarde, se quedan cortos.
En Balears, el Bloc propone modificar el reglamento del Parlament para facilitar que los diputados imputados queden en suspenso hasta que se aclare su situación, siempre que ya exista la apertura de juicio oral. Esta medida sólo afectaría ahora en la Cámara balear a Bartomeu Vicens y, aún así, por el momento es pura ficción: la iniciativa del Bloc tiene que ser aceptada por el resto de los grupos y, además, queda mucho para que se reforme el reglamento. En el Govern, el Pacto intenta ponerse de acuerdo en esa futura Ley del Sector Público sobre la que llevan meses asegurando que se aprobará "pronto". La portavoz del Ejecutivo, Joana Barceló, insistía el viernes en que el texto marcará un "antes y un después" y frenará la corrupción en el sector público. No pongo en duda las buenas intenciones, pero cuando la corrupción se encuentra tan extendida por todo el país, sin distinción de colores políticos, es que hay algo más profundo que falla y no será una ley balear la que lo solucione.
Por supuesto, al igual que ha ocurrido con la economía, ha fallado ese ´todo vale´ cuyos defensores han campado durante años a sus anchas de una manera brutal. Pero sobre todo chirría un sistema que se ha mostrado notablemente propicio al ascenso de chorizos varios. Aquí no hablamos de una manzana podrida en un cesto, sino de una mancha tan enorme que resulta imposible que nadie la detectara en unos partidos que, por otro lado, se han obstinado durante mucho tiempo en cerrar filas alrededor de sus sospechosos de corrupción. Unos partidos con una deficiente democracia interna, que se presentan electoralmente con listas cerradas y cuyos miembros deben el cargo a quien les ha colocado y no a los ciudadanos. ¿A quién creen que ofrecerán su fidelidad?. Un sistema en el que la condición de aforado permite a los diputados imputados protegerse en las instituciones, convirtiendo su problema en un problema de la sociedad. Es evidente la necesidad de modificar esta situación, así como de una mayor dureza en las condenas contra la corrupción, con las modificaciones legales necesarias. Y también es la hora de un primer cambio de actitud en la clase política: un imputado, cuando lo es porque la Justicia –no un particular– ha encontrado indicios de posible delito, no puede ocupar cargos de responsabilidad.
