JULIÁN RUIZ-BRAVO PEÑA (*)
Cuando una industria solicita, no para mejorar infraestructuras que la hagan competitiva, sino para sobrevivir, la intervención del Estado, es que está pidiendo directamente un suicidio asistido. No se ha conocido nunca en la historia de la humanidad una industria próspera sostenida y dirigida por el Estado.
Ciertos sectores de "la llamada industria cultural" de Balears hace años que se han declarado en fase terminal, moribundos, y piden insistentemente a la administración balear, con la terquedad de los "santos", que les ayude dulcemente, pero con los bolsillos llenos, a morir. Y la administración balear, ansiosa por administrar los santos sacramentos de la defunción, accede a ello gustosamente a cargo de los presupuestos públicos; los protege en todas las fases de producción y distribución de sus productos culturales y les administra la inyección letal de la ausencia de riesgo comercial.
A finales de agosto de 2009, un informe del ministerio de Cultura señaló que "Balears, a la cola en empresas culturales, no llega a la media estatal de empleo en el sector". La reacción de "representantes" del "mundo de la cultura" balear no se hizo esperar. Al día siguiente de hacerse públicos los datos, presidentes o secretarios de asociaciones gremiales culturales, que se multiplican en Balears a la misma velocidad que su inoperancia, declaraban que "los políticos no han sabido generar un tejido empresarial"(Pilar Rubial); que los políticos no han creado el Consorcio del Audiovisual, que tanta falta hace (Luis Ortas); que es inevitable que si un teatro público contrata una obra de teatro pierda miles de euros, que, si contrata dos, pierda el doble de miles de euros" (J. Arrom); que si un Estado que no cuida su cultura no se cuida a sí mismo; que si la excepción cultural; que si el producto cultural no puede dejarse en manos del mercado; que si...
Las soluciones que nuestros agentes culturales reclaman siempre son las mismas: la culpa de la grave enfermedad cultural no la tiene el paciente (el director de cine, el actor, la compañía teatralm etc), debido a sus malos hábitos o a su debilidad física, sino el médico (la administración) que diagnóstica la enfermedad y procura atajarla. Con el agravante de que, en este caso, el médico obliga al paciente a visitar de por vida su consulta, mediante la administración gratuita de medicamentos sintomáticos, que el incauto paciente tomará, para morir tranquilamente al cabo de un tiempo.
Urge replantear la política cultural y, sobre todo, urge reclamar a los protagonistas de la llamada industria cultural que abandonen el axioma fatalista de que sin el patrocinio del Estado no hay cultura. Todo lo contrario, con el desmedido patrocinio del Estado jamás habrá cultura independiente y, a la larga, tampoco cultura. Sólo habrá industria cultural independiente cuando la sostengan sus consumidores. Las ayudas del Estado deben ser, como el tratamiento recetado por un médico, un medio para la supervivencia en época de crisis, nunca un fin. Y si los creadores y profesionales de la cultura siguen exigiendo, para subsistir, un flujo constante de dinero del Estado, han de saber que estarán procurando su propia extinción o una subsistencia de pordioseros: malvivirán, o bienvivirán, pero gracias únicamente al dinero de la gente indiferente a la cultura, dinero que, vía impuestos, les traspasan los políticos.
Y mientras tanto, los productos culturales americanos e ingleses, mucho más liberados del Estado, crean la verdadera industria cultural y se adueñan del territorio.
(*) Miembro Coordinadora Territorial de UPyD Balears
