LLORENÇ RIERA
Las actuaciones ligadas a la corrupción están tan arraigadas en una parte de la clase política mallorquina que acaban volviéndose reincidentes. Esto hace que ex cargos públicos de alto nivel y aún personas con responsabilidad institucional en la actualidad, estén sujetas a procedimientos judiciales y contribuyan a transmitir una imagen colectiva, aunque no tiene porqué ser generalizada, de desconfianza y decepción hacia la opinión pública. Es como si hubieran minado el aval que han recibido de las urnas y que, ahora mismo, afecta a la operatividad y al crédito de solvencia de las principales instituciones de las islas. Basta remitirse a los hechos más recientes o mirar a los pasillos de los juzgados para cercionarse de ello.
Ahora nos enteramos de que Gabriel Cañellas –el hombre que en 1995 fue forzado por Aznar a abandonar el Consolat de Mar como consecuencia del caso Túnel de Sóller y cuando ya arrastraba otras causas penales– acaba de ser objeto de una nueva querella por parte de Anticorrupción. Como consecuencia de ello se ve imputado por un juez, en su condición de presidente de la Fundació Illes Balears, debido a las presuntas irregularidades en la gestión de la Torre de Sant Elm, en Andratx. El ex alcalde del municipio, Eugenio Hidalgo, ya curtido en las oficinas judiciales, también aparece imputado en la misma causa.
A Gabriel Cañellas se le imputan ahora nada menos que presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, falsedad y fraude. Resulta que el ayuntamiento de Andratx, en tiempos de Hidalgo, firmó un convenio con la Fundació Illes Balears para sufragar el mantenimiento del Castell de Sant Elm. Con este pretexto se pagaron facturas o abonaron subvenciones de "dinamización social" que no se consideran justificada. Lo más llamativo es que se entregaron hasta 90.000 euros con esta excusa y que, sólo en concepto de apertura al público del viejo castillo, siete mil euros, cuando en realidad las instalaciones sólo eran accesibles a los visitantes una vez al año.
Desde que se vio obligado a abandonar la presidencia del Govern, Gabriel Cañellas ha permanecido en un discreto pero influyente y efectivo segundo plano. La experiencia, las palabras calculadas y el paso de década y media habían estabilizado una imagen de Cañellas que ahora vuelve a tambalearse desde sus cimientos con una querella que desempolva y le asocia a actuaciones precedentes como las de los casos Calvià, Agricultura o Túnel de Sóller y que también se ve dañada por el hecho de que sus principales herederos en las instituciones –o enemigos, como Munar– estén vinculados a procedimientos judiciales de grueso calibre. Parece evidente que l´amo, como se ha dicho siempre, seguía siéndolo todo en el PP. También en cuestiones de corrupción. Pero la higiene institucional y la necesidad social obligan ya a invertir los términos. Ayer el Bloc difundió una iniciativa para suspender a los diputados pendientes de juicio. Está claro que los partidos deben tomar iniciativas urgentes para desprenderse de quienes no están en política con fines nítidos.
