JORGE MARTÍ
Las reacciones de la opinión pública me suelen desconcertar; más aún en el caso de los recientes escándalos de corrupción que afectan de forma directa o indirecta a la clase política española. Lectores de diarios que participan en encuestas por internet, radioyentes que llaman a sus programadas radiofónicos preferidos, televidentes que participan con sus mensajes en los programas informativos que suelen ver en la tele, etc. coinciden en sentirse mayoritariamente decepcionados por nuestra clase política. Bien, es una reacción lógica ante la avalancha de casos de corrupción que se han destapado en poco tiempo. El problema es que, a continuación, la mayoría insinúa o afirma abiertamente que desconfía de nuestro sistema democrático. De ahí a añorar antiguos sistemas políticos dictatoriales hay un paso, que entre todos deberíamos esforzarnos por evitar, matizando nuestra legítima indignación.
La corrupción no es un fenómeno propio de la democracia. En todos los sistemas políticos se producen casos de corrupción: ¿o no había espabilados que hacían negocios durante el franquismo aprovechando sus conexiones con el régimen y la impunidad de un sistema que impedía la investigación judicial y la divulgación en la prensa? Si en democracia explotan los escándalos de corrupción es porque los jueces tienen libertad para aplicar la ley, investigar los casos supuestos y, si es el caso, es decir, si pueden demostrar, castigarlos; también porque la libertad de prensa permite ponerlos en conocimiento del público. Al menos, casi siempre. La democracia funciona porque al poder político se le contraponen los poderes judicial y periodístico. Son estos poderes los que quiere limitar, precisamente, un político profesional corrupto como Silvio Berlusconi, cuyas añoranzas dictatoriales son por todos conocidas. Tener noticia de los casos de corrupción es el precio que la opinión pública debe pagar a cambio del derecho a una información libre.
Entre el extremo pesimista de los que creen que todo ejercicio de poder acaba corrompiendo a quien lo ejerce, hasta el extremo iluso de quienes ven en todo caso de corrupción política una excepción a la honradez generalizada en la política profesional, existen muchos grados intermedios sensatos que pueden resumirse en uno: reconocer que los casos de corrupción no son fenómenos aislados, sino lacras muy extendidas en la vida política, pero que no necesariamente ensucian a todo el que se acerque a ella.
Los políticos no son ni más ni menos corruptos que la sociedad de la que surgen. Muchos ciudadanos que se sienten decepcionados con la clase política procuran engañar un poquito a Hacienda declarando menos de lo que ganan, cobran el paro mientras hacen unas horas en ciertas empresas que no les dan de alta en la Seguridad Social o reforman su casa sin solicitar los permisos municipales correspondientes. Sin embargo, seríamos injustos si generalizáramos y pusiéramos en el mismo saco a todo el mundo: no toda la sociedad es corrupta, como no lo son todos los políticos. Viviríamos más tranquilos si no supiéramos, si no nos informaran, pero pagando el precio de ser una sociedad menos libre, más confiada y mucho más estúpida todavía.
