SEBASTIÀ VERD
La redactora y el fotógrafo de este Diario que ayer entraron en el antiguo edificio de GESA para hacer un reportaje sobre su estado de conservación se llevaron la peor de las sorpresas posibles: el hallazgo del cadáver de un hombre joven –de no más de veinticinco años– que yacía en uno de los despachos de la planta noble, la que se destinó a uso de la presidencia. La peor sorpresa posible por el propio drama de la muerte, sobrevenida probablemente por sobredosis. Y también por ocurrir en un edificio catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural) que, teóricamente, está protegido por ley pero que, un año después de su cierre, presenta ya un lamentable aspecto. Precisamente, los reporteros de Diario de Mallorca habían acudido al lugar alertados por los vecinos y por el Colegio de Arquitectos, preocupados por el uso indebido y su deterioro.
Como se sabe, la antigua sede de GESA, obra del arquitecto Ferragut, fue catalogada por el Consell de Mallorca para evitar su derribo por parte de la constructora Núñez y Navarro, que adquirió los terrenos a la eléctrica e iba a construir en el solar varios edificios de viviendas de lujo. No obstante, la presión de un sector de la sociedad, en el que se incluía el Colegio de Arquitectos y la posterior recalificación de la zona por el ayuntamiento para su conversión en zona verde y espacio de uso público, motivaron una protección que, por ahora, sólo está en el papel. De hecho, la propiedad del edificio se encuentra en un limbo jurídico. Núñez y Navarro adquirió el solar a Endesa, pero no el edificio. Si la constructora llega a un acuerdo de permuta con el Ayuntamiento tanto lo uno como lo otro pasarían a propiedad municipal, pero mientras es tierra de nadie.
El pasado domingo, en estas mismas páginas, los arquitectos avisaban sobre el peligro de mantener el edificio abandonado. Teniendo en cuenta que es un bien patrimonial debería llevarse a cabo un mantenimiento similar al que se hacía cuando era utilizado. Hay que cuidar sus instalaciones y servicios, entre otras cosas porque su abandono está encareciendo cada día que pasa lo que constará su restauración futura, hasta el punto que puede llegar a ser una carga insoportable para la administración municipal. Por otra parte, su utilización actual por grupos de indigentes o su uso por drogadictos implica un riesgo de incendio que, dadas las característica del edificio, cerrado de cristal, podría tener consecuencias dantescas y echar por tierra las campañas que se llevaron a cabo para su protección.
Los periodistas de Diario de Mallorca quisieron comprobar las denuncias de vecinos y arquitectos, y sumarse a ellas, para obligar a una intervención por parte de los propietarios –si es que los hay– o, en su caso, de las administraciones que tiene obligación de velar por la conservación de nuestro patrimonio cultural. Esta era su intención. Sin duda pensaron que era trágico que un edificio tan emblemático pudiera derruirse por sí mismo, pero jamás imaginaron que iban a toparse con otra tragedia, la de una muerte de una persona, tan injustificada como la de un edificio que se consume en el abandono pese a su etiqueta de bien cultural.
