PEDRO VILLALAR
El Boletín Oficial del Estado de ayer publicó el patrimonio personal de todos los miembros del Gobierno, incluidos los secretarios del Estado. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de Altos Cargos, que fue aprobada por el Parlamento en junio del año pasado.
El striptease financiero de nuestros gobernantes más encumbrados suscitará comentarios y chascarrillos. Pero con él se ha dado un paso decisivo en la lucha contra la corrupción en este país. Una corrupción que ha llegado a extremos peligrosos y que hay que reducir por todos los medios.
No hace falta explicitar el chocante contraste entre esta magnífica manifestación de transparencia, que habrá de extenderse cuanto antes a todos los cargos públicos de las tres administraciones, y las noticias del subrepticio y todavía presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente de Baleares, Jaume Matas, que parece desprenderse de los sumarios judiciales y de los reportajes periodísticos.
