ANTONIO PAPELL
Por primera vez en mucho tiempo, la lucha antiterrorista sigue una senda perfectamente rectilínea por acuerdo de los dos grandes partidos. Afortunadamente, tras el tormentoso e infructuoso "proceso de paz", frustrado por la organización criminal, PP y PSOE parecen dispuestos a recorrer juntos el trayecto hacia la plena erradicación de la violencia etarra, y están haciéndolo con plausible discreción y sin alharacas, lo que es garantía de eficacia. Gracias a este consenso, explícito sólo en parte, ha sido asimismo posible engendrar la alternancia en el Gobierno vasco, un cambio que representa una oxigenación gozosa de la realidad política de Euskadi.
El fundamento de esta nueva política con respecto a ETA proviene de la Ley de Partidos, que Rubalcaba describe con concisa precisión: en este país, ya no se puede hacer al mismo tiempo política y violencia; o se opta por la política, o se mantienen lazos con el terrorismo. En conclusión, la izquierda abertzale radical tiene que realizar su propia elección: si no corta con ETA, no podrá tener, ni directa ni indirectamente, representación en las instituciones ni presencia en la vida pública. Prueba de ello son las detenciones de Otegi y de otros antiguos miembros de Batasuna y aledaños que se disponían a recrear una nueva organización.
Es hasta cierto punto lógico –tristemente lógico– que el PNV trate de poner palos en las ruedas de la firmeza democrática que muestran PP y PSOE en la apuesta por esta vía, que descarta lógicamente cualquier posibilidad de un "final dialogado" del terrorismo, tras fracasar tres denodados intentos en que el Estado estaba dispuesto a llegar hasta el límite de sus posibilidades por conseguir la paz. Las críticas de Egíbar a estas últimas detenciones ordenadas por Garzón se deben a que en el fondo el nacionalismo llamado democrático se siente reforzado por el referente de unos gudaris provistos todavía de un patético halo romántico.
Lo que no tiene mucho sentido es que el principal partido de la oposición, que tan lealmente contribuye a este proceso, mantenga obstinadamente vivo algún viejo asunto que todavía proviene del colosal disenso a que dio lugar el fracasado "proceso de paz". Como es conocido, el PP insiste en pedir explicaciones por el supuesto chivatazo de un policía al dueño del bar Faisán –el etarra Joseba Elosúa–, centro de recaudación del "impuesto revolucionario", con el que se le avisó de que estaba a punto de ser detenido. El chivatazo no ha podido probarse y la Justicia ha sobreseído el caso, que sigue explotando algún periódico. ¿A qué viene hurgar políticamente en este asunto? Porque conviene recordar que durante el "proceso de paz" se produjeron docenas de detenciones de etarras, evidencia que se compadece mal con la suposición de que existía una consigna política de inacción.
Sea como sea, la política española, aquejada por el desgaste por distintos motivos del Gobierno y de la oposición, sigue siendo habitable gracias a la elocuente grandeza que los dos grandes partidos derrochan en Euskadi. La normalización política del País Vasco a manos de López con la ayuda indispensable de Basagoiti es hoy, probablemente, la única realidad espléndida que nos reconcilia con un sistema que, por lo demás, hace agua por demasiadas grietas.
