ANTONIO PAPELL
La impotencia del Tribunal Constitucional ante su obligación de resolver los recursos de inconstitucionalidad presentados contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña empieza a ser alarmante porque pone de manifiesto una debilidad esencial en una de las piezas fundamentales de nuestro engranaje democrático. Ni siquiera los ataques que recibió la institución de los partidos políticos en forma de recusaciones interesadas de algunos de sus miembros justifica la incapacidad de los diez magistrados "supervivientes" en cuyas manos está no sólo la carta catalana sino, por extensión, el dibujo final del Estado de las Autonomías.
La insolvencia de la institución que tiene a su cargo la tutela sobre constitucionalidad de las leyes, es decir, la coherencia interna del corpus jurídico edificado sobre nuestra Carta Magna, queda además resaltada por las constantes filtraciones, siempre sin desmentidos, que reflejan las pugnas interiores que algunos pretenden resolver apelando indirectamente a la opinión pública. La última de ellas, aparecida el lunes en La Vanguardia, aseguraba que el TC ya ha acordado (?) salvar el modelo lingüístico, aunque estableciendo acotaciones interpretativas tendentes a asegurar que Cataluña no avanza hacia el monolingüismo.
La propia presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, había asegurado este verano que la sentencia sobre el Estatut se conocería en octubre. Pues todo indica que no va a ser así: fuentes anónimas del tribunal, recogidas por El Periódico hace unos días, han revelado que el TC está ahora dividido en tres grupos, en lugar de reflejar la tradicional escisión entre progresistas y conservadores.
La múltiple fractura se ha suscitado cuando uno de los "progresistas" –Manuel Aragón, nombrado a propuesta del Gobierno socialista– se ha enrocado en la tesis de que hay algunos artículos inconstitucionales (este magistrado no aceptaría el término "nación" ni la definición de "símbolos nacionales"), en connivencia con el conservador Guillermo Jiménez. Frente a ambos, cuatro magistrados del grupo progresista pretenden rechazar los recursos mediante una sentencia interpretativa, mientras los cuatro conservadores restantes rechazan de plano la mayor parte del Estatut. Así las cosas, la sentencia no llegará hasta diciembre en el mejor de los casos. Y no se descarta que se aplace al verano, lo que la llevaría casi a coincidir con las elecciones autonómicas catalanas.
El retraso de la sentencia no es inocuo política ni jurídicamente. En el tiempo transcurrido desde la promulgación del Estatut (julio de 2006), el Parlamento catalán ha promulgado más de treinta normas de desarrollo. Y la hipotética inconstitucionalidad podría tener repercusiones en otras comunidades cuyos Estatutos han sido parcialmente calcados del catalán. En otras palabras: una sentencia adversa, a estas alturas, generaría un caos jurídico de muy difícil solución.
Podrá decirse que la culpa de que las cosas sean de este modo no es totalmente de los miembros del Tribunal porque el error más grave proviene de la previsión constitucional de someter a referéndum el texto estatutario antes de proceder al juicio de constitucionalidad. Esto es evidente, pero los miembros del TC no pueden actuar como si no tuvieran conciencia de las consecuencias de sus actos.
