ANTONIO TEBA VICENS (*)
El futuro de la policía turística, un total de 300 del colectivo de la policía local de las Balears, (2.700 en total) no puede ser peor. El 31 de diciembre próximo expira un convenio suscrito entre la conselleria de Interior y los ayuntamientos, gestado en la anterior legislatura, mediante el cual Interior subvenciona el 75% de las retribuciones de los policías turísticos.
El rol del policía turístico no se entiende. Un policía turístico no es más ni menos que un policía local, a todos los efectos, con la diferencia que sólo tiene empleo por un período máximo de nueve meses al año. Otro hecho diferencial, que no es público ni notorio (no interesa), es que el ayuntamiento que lo contrata percibe la subvención a la que antes me he referido.
Los ayuntamientos desarrollando políticas de rédito económico, o dicho de otro modo, actuando avara y codiciosamente, han congelado, prácticamente, las plantillas policiales. A día de hoy, trescientos policías turísticos con la cualificación profesional para desempeñar un trabajo como policía local, no lo hacen porque los municipios no pueden integrarlos en sus plantillas. El planteamiento dominante en las actuaciones municipales ha sido bien sencillo: "por el coste de un policía, puedo tener cuatro", gracias a la subvención. En lo último que han pensado las corporaciones locales ha sido en los policías afectados y en la seguridad ciudadana, puesto que si se hubiera generado empleo público al mismo ritmo que antes de la existencia de este convenio-subvención, la situación sería diametralmente opuesta.
El convenio-subvención acaba en diciembre y la realidad del próximo año será que habrá trescientos policías locales menos en nuestras calles. Trescientos policías menos, cuando en un reciente informe de la Fiscalía general del Estado registraba en 2008 un aumento del 8´5% del índice de criminalidad en nuestra comunidad. Trescientos policías menos, cuando estas mujeres y hombres están totalmente formados, con el elevado coste que ha supuesto para las arcas públicas su formación. En definitiva, un auténtico despropósito.
La FSP-UGT presentó a la conselleria de Interior, hace más de seis meses, un plan de estabilidad laboral para la integración de estos efectivos policiales en las plantillas municipales y una batería de propuestas de modificaciones normativas. Los responsables de Interior manifestaron, no tan sólo su predisposición al arreglo de la situación que se avecina, sino también la aceptación de las propuestas presentadas. Ahora, en la nueva etapa de la conselleria de Interior, no debería caerse en el error de dejar en el olvido los asuntos que ya estaban en vías de solución, sino más bien propiciar, acelerar y arreglar una cuestión que, de no ponerse los medios necesarios, afectará indefectiblemente a la seguridad ciudadana y a trescientas familias. Lo que de ningún modo sería aceptable es el recorte presupuestario en las necesidades básicas de la ciudadanía, como es la seguridad ciudadana. Nuestra comunidad no puede perder a casi trescientos policías.
En unas recientes declaraciones efectuadas por la consellera de Treball i Formació, a medios de comunicación, decía, en clave de humor, que "no habrá ERE" en los empleos públicos. Pues bien, si el Govern de las Balears no hace nada al respecto, sí que existirá: el ERE en la policía local.
(*) Secretario Sector Administración Local UGT Balears
