PEDRO VILLALAR
Defendía ayer el popular Carmelo Barrio en un artículo el "blindaje" del Concierto Económico con buenos argumentos: parece lógico que las normas fiscales de las Juntas Generales tengan rango de ley, como el resto del ordenamiento tributario. Hay discrepancias sobre cómo conseguir este objetivo, pero puede aceptarse que la medida –que Barrios quiere llamar "revestimiento jurídico" y no "blindaje"– tiene fundamento, aunque no piensen lo mismo las comunidades autónomas limítrofes de Euskadi. Pero aunque se acepte el fondo de la demanda, la forma es absolutamente rechazable. Si la propuesta es atendible y existe soporte parlamentario suficiente, abórdese la reforma pertinente. Lo que no es decoroso es intercambiar este medida por unos votos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Es evidente la sinrazón: primar de este modo a una formación nacionalista lesiona el derecho y las expectativas de las regiones que no cuentan con esta poderosa herramienta. Mezclar el interés general (el Presupuesto) con el interés particular (las Haciendas forales) es la mejor manera de atacar a largo plazo el Concierto, que de este modo ya es, más de un derecho histórico, una descarada ventaja.
