PEDRO VILLALAR
Hoy arranca en el Congreso de los Diputados la fase final de la gran subasta presupuestaria. El PSOE necesita siete votos para sacar adelante sus cuentas públicas, y las minorías se disponen a arrancar dádivas a cambio de sus votos. Ante la irritación y la perplejidad general. Como es conocido, Coalición Canaria ya ha comprometido sus dos votos tras el último consejo de ministros, celebrado en Las Palmas, en que se planificó la atención estatal al archipiélago en los próximos años. Y los demás concurrentes a la puja han puesto precio a su apoyo: el PNV quiere a cambio el "blindaje" del Concierto Económico, ERC la gestión del aeropuerto del Prat e Izquierda Unida más subidas de impuestos. Se podrá decir que esta liturgia indecorosa es la consecuencia inexorable de la proporcionalidad de nuestro modelo parlamentario. Y, sin embargo, no tendría porqué ser necesariamente así: si los dos grandes partidos suscribieran un pacto para evitar que los nacionalismos particularistas sacaran ventaja de su posición, los gobiernos sin mayoría absoluta no necesitarían pasar por las horcas caudinas del sectarismo provinciano. Porque mezclar el interés general con los intereses periféricos es, se mire como se mire, una aberración.
