SEBASTIÁ VERD
Si la línea de flotación se sitúa en la media de los presupuestos generales del Estado, Balears sigue por debajo, es decir con peligro evidente de ahogamiento. El gobierno central continúa marginándonos. Se ha mejorado mucho, eso nadie lo duda, pero no lo suficiente como para que los ciudadanos de las islas dejen de sentirse maltratados en relación a otras comunidades a las que Madrid cuida con mimo. Ayer mismo, un consejo de ministros celebrado en Las Palmas aprobó un llamado plan Canarias que supondrá invertir 25.000 millones de euros en los próximos diez años. Es sólo un ejemplo. El consejo de ministros celebrado en Palma en julio sólo nos dejó una pedrea. La excusa hasta ahora era que nuestras islas, a diferencia del archipiélago atlántico, poseían la mayor renta per cápita de España, pero esto ya es historia. Hoy, los habitantes de Balears están por debajo de la media y la inversión también.
Nuestra comunidad se encuentra en una difícil encrucijada, con la necesidad de reformar su modelo productivo para seguir siendo una economía competitiva. Con casi el 20% de su población activa en paro no hay muchas más alternativas, de momento, que acudir a la inversión pública e incentivar la mejora del producto turístico. Y para eso los presupuestos de la comunidad son claramente insuficientes. Hace falta la intervención del estado y, en este sentido –como dice el conseller de Economía, Carles Manera– se han dado pasos muy positivos. En la última legislatura, Balears recibió 846 millones de euros, sólo el 1% de la inversión en todo el Estado. En ésta, la situación ha mejorado. Ya estamos en el 1´7%, pero la población balear es el 2´3%. No basta.
En definitiva, queda mucho por hacer, porque mientras Balears siga estando por debajo de la media, la deuda histórica del Estado con nuestra comunidad seguirá aumentando y lo que es peor sin que haya perspectivas de que el gobierno central la reconozca como tal. Así que no queda más remedio que conformarse con los 544 millones que nos han correspondido para 2.010 y apurarlos al máximo, además de seguir insistiendo en el futuro y aprovechar otras fuentes de inversión estatal como el plan E o el plan Renove del sector turístico para incrementar las cuentas. Eso y pedir a los gobiernos central y autonómico, la mayor diligencia posible en la contratación y ejecución de las obras. Uno de cada cinco euros de inversión estatal son para el convenio de carreteras cuyo retraso ha sido más que evidente. La falta de agilidad administrativa es siempre preocupante, pero más en estos momentos, cuando unos 200 millones de euros, de los 554 previstos, no tiene asignación definida. Están previstos en el estatut, pero deberán ser negociados entre el Govern y los ministerios. Y de sobras sabemos qué trato reciben en Madrid nuestras delegaciones.
