España, a la cola. Responsabilidades

ANTONIO PAPELL El último informe de expectativas del FMI asegura que la recuperación global ya está en marcha. En 2010, las economías avanzadas –Europa, Estados Unidos y Japón– crecerán un 1,7%. Pero España tardará más en despegar: aquí la recesión seguirá hasta finales de 2010, año en que el PIB se contraerá un 0,7% y el paro superará el 20%. De hecho, será este terrorífico desempleo el que, al retraer el consumo, dificulte la recuperación del signo positivo de nuestra economía.
El hecho de que nuestro país creciese antes de la crisis durante varios años a mayor ritmo que el resto de los países desarrollados no nos consuela de esta amarga noticia, que lógicamente genera en sí misma preocupación y malestar. Pero conviene examinar las causas de este retraso, no sólo para hacer justicia histórica sino porque un mejor diagnóstico de lo que nos pasa puede facilitar la aplicación de terapias que abrevien la espera.
La actual postración española tiene causas claras: durante más de una década, se ha dejado crecer a su antojo la burbuja inmobiliaria, con crecimientos anuales de dos dígitos e incluso impulsada en todo momento por apetitosos incentivos fiscales. Aunque el recalentamiento del sector era notorio y algunos economistas advertían de los riesgos que corríamos, los todopoderosos ministros de Economía de ese período –Rodrigo Rato y Pedro Solbes– no se inmutaron. Conviene rescatar de las hemerotecas insistentes declaraciones de ambos en las que aseguraban que la burbuja se deshincharía incruentamente mediante un "aterrizaje suave" del sector de la construcción residencial sin mayores problemas. Eso sí: ambos advertían de que era necesario cambiar el modelo de crecimiento para incrementar la productividad, aunque ninguno de los dos actuó decisivamente en esta dirección cuando, por lo boyante de la situación, había recursos y oportunidad de ello. Estamos, en fin, digiriendo la herencia de aquellos errores, que hay que anotar en términos históricos –la política es otra cosa– en la cuenta de los anteriores gobiernos.

Dicho esto, hay que reconocer que muy probablemente la conducción actual de la política económica podría hacerse con mano más diestra. Pero no tiene sentido ceder a la tentación de culpar absolutamente del retraso de nuestro ciclo a Rodríguez Zapatero y Salgado como si con Rajoy al frente del Gobierno y con Montoro en Economía se fuera abreviar la angustiosa espera, o como si alguien poseyera la receta de hacer milagros.

Los cuatro millones y medio de parados que registraremos en el momento más profundo de la crisis –el dato del desempleo de septiembre conocido ayer nos lleva directamente a esa cifra– son, en fin, el resultado del hundimiento trágico de un sector, el inmobiliario, que aportaba directamente más del 8% del PIB. La responsabilidad de la catástrofe ha de anotarse, pues, en la cuenta de quienes engendraron aquel temerario riesgo. Pero no tiene sentido insistir en los diagnósticos si no es para poner de manifiesto la obligación que tienen los dos grandes partidos de contribuir a la salida de la crisis en lugar de utilizarla para desgastar al adversario.