PEDRO VILLALAR
La ciudadanía española se ha comportado con un grado de madurez admirable en las tres décadas de democracia. Sus decisiones electorales, siempre prudentes, han determinado cambios necesarios o continuidades estabilizadoras, y sus manifestaciones, en forma de opinión pública, han sido en general mucho más avanzadas y clarividentes que las de su clase dirigente. Si así se ve y se entiende, se llegará a la conclusión de que es muy arriesgado intentar que esta sociedad comulgue con ruedas de molino. Y muy peligroso ofenderla con afirmaciones que dan por sentada una credulidad ingenua que no existe. Así, la respuesta de Camps a la pregunta de los periodistas sobre si en su reunión con Rajoy habían hablado de dimisiones –habían hablado de la necesaria dimisión de Rodríguez Zapatero, ha respondido el presidente valenciano– es de las que pueden desacreditar decisivamente a un político. El desparpajo en la respuesta a graves acusaciones de corrupción objetivadas con datos y pruebas de que hacen gala tanto Camps como Ricardo Costa es un insulto a la ciudadanía. Un insulto que, si no pone coto al desmán, terminará pagando Rajoy en su prestigio y en las urnas.