La negociación de los Presupuestos

ANTONIO PAPELL Con el acto formal de presentación por Elena Salgado al Congreso de los Diputados del anteproyecto de Presupuestos del Estado para 2010 comenzó ayer la fase de negociación de las cuentas públicas entre la mayoría que sostiene al Ejecutivo y los restantes grupos parlamentarios. Un proceso rutinario que conviene examinar para poner de manifiesto una grave disfunción de nuestro modelo representativo que quizá fuera necesario remediar cuando llegue el momento (si es que llega alguna vez) de la reforma del Senado y de una revisión a fondo de la ley electoral vigente.
Este Gobierno está respaldado por un grupo parlamentario de 169 diputados, de modo que necesita siete votos más para conseguir que las cuentas públicas sean aprobadas por mayoría absoluta. Votos que habrá de conseguir, como es habitual, en pública subasta. Como se sabe, en la Cámara Baja, además de los dos grandes partidos, sólo hay dos pequeñas formaciones extendidas sobre todo el Estado: IU-ICV-EUiA, que cuenta con dos diputados (uno de ellos de ICV, partido que forma parte del tripartito), y UPyD de Rosa Díez, con un diputado. En consecuencia, el Gobierno tendrá forzosamente que negociar con las formaciones nacionalistas con representación parlamentaria, que son seis: dos de ellas catalanas (CiU y ERC, con 10 y 3 diputados respectivamente), una vasca (PNV, con 6 diputados), una gallega (BNG, con 2), una canaria (CC, con 2) y otra Navarra (NB, con 1).
CiU, en la oposición en Cataluña, no prestará su apoyo al PSOE en las actuales circunstancias, por lo que, pese al pacto PSOE-PP en Euskadi, los socialistas buscarán probablemente el apoyo del PNV, que acabará otorgándolo a cambio de no ser desalojado de la diputación de Vitoria… y de otras cesiones a exigencias particularistas del nacionalismo vasco (el "blindaje" del concierto económico, en concreto). Otras formaciones nacionalistas ya han puesto precio a su apoyo; así, ERC ha hecho saber que tres votos dependen no sólo de acuerdos ideológicos sino de que se produzca la entrega de la gestión del aeropuerto del Prat a Cataluña. El BNG impone condiciones semejantes, y CC ya supeditó su apoyo genérico al Gobierno a una serie de requisitos, lógicamente centrados en las necesidades del archipiélago.
Es manifiesto que en esta subasta –alguno lo llamaría chantaje– existe una perversión política e intelectual que algún día habrá que abordar. Que las cuentas públicas del Estado dependan tan manifiestamente del blindaje del concierto vasco o de la titularidad de la gestión del primer aeropuerto catalán es, por decirlo suavemente, una aberración del sistema representativo. Primero, porque se mezclan intereses generales con intereses particulares. Y segundo, porque en este juego están en inferioridad de condiciones aquellas comunidades autónomas que no cuentan con un partido nacionalista que presione en las Cortes españolas.

La solución es conocida: una reforma constitucional que potenciara el Senado como cámara de representación territorial y como sede de las minorías nacionalistas, y que reservara el Congreso a los partidos con representación en la mayor parte del territorio. Quizá la fórmula parezca utópica por su difícil, casi imposible, implementación, pero no por ello dejará de ser la más racional y democrática.