JORGE MARTÍ
A diferencia de lo que suele pensarse, la clave de un buen sistema educativo no es la enseñanza universitaria, sino la formación profesional. La universidad es minoritaria por definición: por la dificultad de las propias carreras, por los años que se ha de invertir en ellas y por la menor demanda profesional y social de titulados universitarios que de técnicos profesionales bien formados. Un país lleno de médicos pero sin titulados en enfermería y auxiliares de enfermería no puede aspirar a equipar hospitales realmente funcionales; un país donde sobran los licenciados universitarios, acaba tirando por la ventana tanto talento y tanto esfuerzo (España es el país de los farmacéuticos sin farmacia que son empleados como auxiliares mileuristas en farmacias que, precisamente por eso, porque no les pagan a sus empleados lo que se merecen, abren 24 horas). La mayoría de licenciados universitarios acaban trabajando en la enseñanza, que es una forma que tiene el sistema educativo de retroalimentarse. Una buena FP responde a las demandas de la sociedad proporcionando profesionales formados con menos coste y mayor rendimiento.
Nuestro sistema educativo hace aguas precisamente en esos dos campos fundamentales: una inflación de estudiantes universitarios que no acaban sus carreras o de licenciados sin trabajo, y una carencia de profesionales medios bien formados. ¿Qué es lo que falla? La actual legislación contempla unos ciclos formativos que están muy bien planteados sobre el papel, pero muy mal dotados económicamente, lo que hace que las plazas de formación profesional ofertadas estén muy lejos de la demanda real, sobre todo ahora, cuando la crisis empuja a miles de personas que trabajaban sin la cualificación suficiente a intentar obtenerla.
En España, tradicionalmente, o se estudia o se trabaja. Y mientras la culminación del estudio parece ser la universidad, el mundo del trabajo ha vivido hasta hace poco de espaldas a la formación. Ahora el alarmante aumento del paro ha dejado en evidencia el error subyacente a esa forma de hacer las cosas: los que más sufren la crisis son los menos cualificados, que son los primeros en irse a la calle. Que estas personas intenten retornar al sistema educativo, vía la formación profesional, es no sólo la mejor opción, sino un derecho que les reconocen las leyes pero les niega la inversión insuficiente en Formación Profesional. Una ley, un sistema educativo, no es bueno o malo en sí mismo, sino en función de los presupuestos que lo acompañan. Y en estos momentos la falta de respuesta del sistema educativo al aumento de demanda deja en evidencia la hipocresía inherente al sistema: pedimos a la gente que se forme porque sabemos que no lo van a hacer; en cuanto se deciden a solicitar una plaza en un centro de formación profesional resulta que no teníamos el dinero suficiente para atenderlos a todos. El martes TVE se puso las botas publicitando el inicio del curso escolar de Formación Profesional, con discurso del monarca incluido. No se acordaron de los miles de personas que están en lista de espera porque no hay plazas suficientes para todos los que se han ganado el derecho a cursar un ciclo formativo profesional.