ANTONIO PAPELL
El martes, el Congreso rechazó una moción de ERC para regular la prostitución. Moción testimonial para promover el debate ya que es conocida la oposición de los grandes partidos a tal designio. Tan sólo cinco diputados apoyaron la propuesta mientras las mayorías se refugiaron, como habitualmente, en el argumento de que se trata de una "cuestión muy compleja", "poliédrica", en la que no tendría siquiera sentido la polémica regulación/prohibición. Lo único evidente ahora –a juicio de las formaciones mayoritarias– es la necesidad de combatir a las mafias que actualmente controlan el negocio. En el debate se deslizó el que también es proverbial sofisma en estos casos: "lo que está regulado se acepta como bueno" y "no podemos regular la explotación". Ésta es en la actualidad la tesis dominante, impuesta por la banalización progresista de la realidad.
Pero la realidad es terca: la prostitución, en todas sus variantes, es un hecho en todas partes porque existe demanda, que crea la oferta. Partiendo de esta realidad objetiva, y de que el intercambio consiguiente genera una actividad económica y un problema social, es absurdo sostener la tesis de que mantener esta actividad en el limbo es la mejor opción. Es innegable que la prostitución es en la mayoría de los casos explotación de la mujer, pero también lo es que una regulación adecuada facilitaría la lucha contra esa explotación y la dignificación del profesional que, en uso de su libertad, ejerce este oficio.
Es cierto que la sociedad moderna no ha encontrado una solución unívoca al asunto. En los países nórdicos, se están explorando actualmente dos modelos: en el regulado, que rige en Holanda y Alemania, la prostitución es entendida como un "trabajo sexual" y quien lo ejerce es considerado un trabajador autónomo, que paga sus impuestos. Por esta vía, se ha conseguido evitar la degradación de esas personas y poner significativamente coto al proxenetismo y a la acción de las mafias. En el modelo prohibicionista, que se ha establecido en Suecia, la prostitución es una actividad tolerada pero se persigue el consumo: se castiga al hombre que reclama servicios sexuales.
Es indudable que, en nuestro país, el mundo de la prostitución actual está dominado por bandas de facinerosos que explotan inicuamente a mujeres casi siempre extranjeras sometidas a una auténtica esclavitud. Pero la lucha policial contra esta situación inadmisible no se obstaculizaría sino que se facilitaría si se promulgara una normativa que procurara simultáneamente varios objetivos: otorgar seguridad jurídica a la trabajadora sexual, integrarla en el mercado laboral y en el sistema de protección social, liberarla de lo proxenetas y extorsionadores, asegurarle una atención sanitaria adecuada, ofrecerle caminos institucionales para acceder a una formación que le proporcione entrada en otras ocupaciones profesionales, permitirle el desarrollo de su actividad en lugares cerrados y dignos, acabar con el problema urbano de la prostitución callejera, etc.
A estas alturas del debate interminable, es conveniente reconocer que la oposición a cualquier forma de regulación ha dado en nuestro país resultados catastróficos. Quizá sea, en fin, momento de ensayar otros caminos más realistas, que siempre podrán rectificarse si no rinden los frutos esperados.