SEBASTIÀ VERD
Puede que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears sobre Son Espases fuera previsible, como ha declarado la presidenta de la Asociación de Vecinos del Secar –entidad que junto a la Congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones– habían presentado un recurso contra la reforma parcial del Plan General de Palma que permitió la construcción del hospital. Puede, porque al margen de las razones jurídicas en las que se ha apoyado el tribunal, nadie pensaba que a estas alturas las obras pudieran detenerse y echar al cubo de la basura los millones de euros que se llevan invertidos. Por eso, lo que sí es la sentencia es un alivio para un Govern que se vio obligado a heredar un proyecto que no compartía, al que se había opuesto, y gestionarlo con todos sus pros y contras. Muchos más contras, evidentemente, que pros. Ayer mismo, por ejemplo, en una visita a las obras, el conseller de salud, Vicenç Thomàs, tuvo que justificar un sobrecoste multimillonario por las deficiencias de planificación del primer proyecto y las correcciones que se han tenido que hacer para proteger el entorno de la Real y los yacimientos arqueológicos de la zona. De hecho, lo único que ha hecho el TSJB es declarar la legalidad de un paso administrativo, una reforma puntual, pero sin entrar en las razones que llevaron al gobierno anterior, el del PP, a elegir este enclave palmesano para levantar el nuevo hospital de referencia. Precisamente, en estos días que el entonces teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, el vilipendiado Rodrigo de Santos, ha vuelto muy a su pesar a la actualidad, cobran más importancia que nunca sus palabras cuando afirmó que la decisión de construir en Son Espases fue "política", porque "algunos miembros del PP querían que se hiciera ahí".
La elección de los terrenos para el nuevo hospital vino precedida primero por abandonar el proyecto de reforma de Son Dureta y después por la mentira sobre una inexistente terna de solares que supuestamente había sido estudiada y de la que salió Son Espases, una "elección" que dio pie a hablar de pelotazo urbanístico. Un peligro que la nueva administración ha querido cortar de raíz, impidiendo cualquier nueva expansión urbanística en la zona, aunque eso –como sabemos muy bien– no lo asegura nadie. Las leyes urbanísticas cambian, como cambian las mayorías de gobierno, y el hecho es que el hospital ya está ahí. Un monstruo de cemento por mucho que se quiera esconderlo y con graves problemas de comunicación que todavía no están resueltos ni previsiblemente van a estarlo cuando Son Espases se inaugure el año que viene.
Para el Govern la sentencia ha sido un "respiro", aunque sirva para que el PP diga ahora que supone un reconocimiento a que las cosas se hicieron bien. No sólo eso sino que piden explicaciones sobre los sobrecostes, como si de otro Palma Arena se tratase. Las explicaciones deben darse, y algunas ya las adelantó ayer el conseller, pero sobre lo que no hay duda es que la historia de Son Espases y el Palma Arena son casi paralelas. Y lo seguirán siendo mientras no se conozcan las razones "políticas" por las que el hospital de Son Espases, por muy legal que sea, está ahí: en un lugar equivocado y con unos costes que con otra planificación habrían servido para solucionar durante décadas todos los problemas sanitarios de las islas.