De la autoridad

CAMILO JOSÉ CELA CONDE El anuncio por parte de la presidenta de la comunidad autónoma de Madrid de una ley que convertirá a los maestros en autoridades para tenerlos protegidos bajo el paraguas que ampara a éstas tiene un sentido político que se le ha escapado a pocos comentaristas. En una época en la que las aulas se han vuelto campos de batalla y los profesores, en víctimas de la guerra, sacar a la luz una ley así –aunque sea sólo como muestra de intenciones– tiene el beneficio inmediato de dar la impresión de que el gobierno de marras, el de Madrid o el que sea, se preocupa por los asuntos educativos sin necesidad de invertir ni un euro en las escuelas.
Pero más allá de la siempre aplaudida hazaña de sacar el conejo de la chistera para pasmo de espectadores, ¿qué hay detrás de semejante medida? ¿Qué sucederá cuando los maestros se conviertan por arte de birlibirloque en algo paralelo a los propios presidentes, salvadas sean todas las distancias?
No me resulta difícil imaginar lo que supone el convertir en autoridad a los enseñantes. Al fin y al cabo yo he sido también alumno y ahora ejerzo de profesor. Cuando asistía a las clases de la escuela de ingenieros, hace ya un siglo o casi, era costumbre que los estudiantes nos pusiésemos de pie al entrar el catedrático en la clase. Autoridad, se llama esa figura; la misma que la señora Aguirre quiere recuperar por decreto. Pero entonces no había ley ninguna que obligase al gesto de respeto; se llevaba a cabo por norma, pero por una norma de rango muy diferente al que impone el Boletín Oficial. Por costumbre, si se quiere, o por educación si hemos de utilizar los términos precisos. Pero de eso se trata: de que en la escuela hay que aprender educación, volverse un ciudadano respetuoso y respetable. ¿No estamos, pues, como la pescadilla que se muerde la cola si exigimos cortesía a quien se supone que debemos inculcársela?

La autoridad por ley obliga de otra forma, claro es. Sigue el mecanismo que Hobbes indicó en su momento como única vía para que funcione un Estado: la del poder ejercido mediante el uso en exclusiva de la violencia. Estamos, pues, en que la forma mejor –única acaso– de erradicar las actitudes violentas, los insultos e incluso las agresiones a los maestros, consiste en disponer del poder y de la capacidad de ejercerlo por la vía de la imposición. Es el mismo mecanismo que nos obliga a no pasar del límite de velocidad establecido en las autopistas, o a pagar los impuestos. Pero los ministerios de Hacienda y de Interior tienen a tal respecto no sólo la autoridad sino los medios para imponerla. Siento curiosidad por ver la forma como la Ley Aguirre dará tales armas a los maestros, pero es seguro que va a decepcionarnos.

Lo probable es que se limite a hacer referencia a la ley general, ya existente, que castiga a quienes menosprecian a la autoridad. Por esa vía, la violencia en las aulas va a seguir igual, con el inconveniente de que los maestros, en busca de la autoridad perdida, tendrán que mudarse a vivir a los juzgados.