Prohibido fumar

SEBASTIÁ VERD Nadie en su sano juicio puede afirmar que fumar sea un acto saludable. Todo lo contrario, como rezan las cajetillas de tabaco, "perjudica seriamente la salud" y hasta "mata". Por eso no es de extrañar que las sociedades más avanzadas se adelanten en aplicar la ley seca al tabaco. A modo de ejemplo, hace unos días que el alcalde de Nueva York propuso extender la prohibición de fumar de los locales públicos a los espacios abiertos, no sólo terrazas de bares o restaurante sino parques y jardines. Algo todavía impensable aquí, aunque, claro, allí ya sólo queda un dieciséis por ciento de fumadores que, a la vista está, deberán buscarse áreas de privacidad para seguir consumiendo tabaco. Sin embargo, no hay duda de que las normas sanitarias, y la moda, fomentan que se restrinja el fumar y de ahí las declaraciones tanto de la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, como de nuestro conseller de Salut, Vicens Thomàs, apostando por suprimir los espacios de fumadores de los locales públicos, donde los haya, para que la prohibición de fumar sea total y proteger así la salud de todos, de quienes se ven forzados a dejar el humo y de quienes son obligados a aspirarlo pasivamente.
En el futuro, fumar será un acto privado que únicamente podrá practicarse en espacios particulares. Pero de momento la ley antitabaco, que aún no ha cumplido un lustro, no es tan drástica. Permite separar los espacios en fumadores y no fumadores, lo que ha obligado a bares y restaurantes a redistribuir los locales y partirlos más o menos por la mitad. Los restauradores no acaban de estar conformes con estas medidas, pero las acatan por el bien de la salud, propia, de sus trabajadores y de sus clientes. Pero en lo que ya no están de acuerdo es en que, de nuevo, se cambie la ley y deje de haber excepciones a la prohibición de fumar. Si fuese así, se preguntan ¿de qué habrán servidos las obras que se hicieron para adaptar los establecimientos a la ley? Sobre este aspecto, el presidente de la patronal de bares y restaurantes es tajante: exigirán compensaciones por daños y perjuicios.
El problema es que en ésta, como en otras muchas cuestiones que suponen un cambio de hábito, no puede imponerse nada de la noche a la mañana sino que hay que persuadir, en este caso a los consumidores de tabaco, que fumar es malo y que, lo más importante, frente al derecho de los fumadores debe prevalecer el derecho a la salud de los demás. En su momento, al plantearse la ley, ya se debatió el alcance que debían tener las medidas restrictivas. Y se llegó a un punto intermedio que no contentaba a casi nadie, pero que pareció ser el único viable en aquellos momentos. Cuatro años después ¿la sociedad ha evolucionado lo suficiente como para seguir el ejemplo neoyorquino? Y si es así ¿quién paga las barreras que aislaban fumadores de no fumadores?

En cualquier caso, lo justo, lo importante, es que la nueva ley –si es que la hay– proteja la salud de los ciudadanos, se apruebe con el máximo consenso y sin dar lugar, como la anterior, a batallas entre el ministerio de Sanidad y las diferentes autonomías. Las patronales de Balears saben que la prohibición es, a la larga, inevitable, pero también creen que estos momentos no son los más oportunos. Ya se sabe, por aquello de la crisis. Y, de todas formas, no son partidarios de que Mallorca se contagie de Nueva York y se decrete la expulsión de los fumadores o, lo que es lo mismo, se les obligue a encerrarse en casa. Si es que allí se les permite fumar. El tema vuelve a estar sobre el tapete, junto a los ceniceros, un objeto llamado a no tener sentido en los locales públicos.