Desgaste, elecciones y pactos

ANTONIO PAPELL Es manifiesto que Rodríguez Zapatero ha asumido personalmente la conducción de la política económica frente a la crisis. En parte, el protagonismo de Zapatero es consecuencia de la propia recesión, que exige respuestas excepcionalmente contundentes a la oposición y a la opinión pública. Pero también en parte se debe a la extemporánea "jubilación" de Pedro Solbes, un peso pesado, y a su sustitución por Elena Salgado, una personalidad menos fuerte con menor experiencia y prestigio en estas lides. Solbes, en política desde finales de los años setenta, ministro de Economía de González, comisario europeo, respaldaba su solvencia con una potente biografía y actuaba a modo de parachoques de ZP, como todos sus predecesores con respecto al jefe del Ejecutivo. Si se recorre retrospectivamente toda la etapa democrática, se verá que los sucesivos presidentes del Gobierno se han acorazado tras ministros económicos de sólida estatura. Tras la marcha de Solbes, numerosas voces opinaron que el sucesor al frente de esta cartera, la que debe afrontar la mayor crisis económica de la democracia, fuera a parar a manos de otro peso pesado (fueron mencionados, entre otros, los nombres de Joaquín Almunia y de Miguel Ángel Fernández Ordóñez). ZP lo vio de otro modo y a la vista están las consecuencias. La crisis reposa íntegramente sobre las espaldas del presidente del Gobierno, que acusa el desgaste.
Éste es tan notorio que ha comenzado a circular la especie de que podría ser inevitable recurrir a unas elecciones anticipadas. Pero, como es bien conocido, hay sólo dos formas de llegar a ello: por decisión del propio presidente del Gobierno, que en todo momento puede disolver las Cámaras, o mediante una moción de censura, que es matemáticamente imposible con la actual aritmética parlamentaria. En efecto, el PSOE, con 169 escaños, está a siete de la mayoría absoluta, frente a los 154 del PP, que necesitaría apoyos de la izquierda para conseguir la investidura de Rajoy.
Por lo demás, nada garantiza que unas elecciones fueran a resolver la crisis (más bien hay poderosos argumentos en contrario). Ni el PP ha exhibido un programa convincente, ni sus expertos económicos –con Rato en otras cosas– ofrecen el prestigio requerido. Por añadidura, abrir ahora un período de mayor inestabilidad e incertidumbre minaría la leve confianza de los agentes económicos que comienza a asomar.
En estas circunstancias, lo razonable –y lo que piensa la opinión pública, como comprobará quien se moleste en pulsarla– es que todos los actores políticos y sociales se dispongan a arrimar el hombro. Con pacto de Estado o sin él, lo conveniente es que se haga un gran esfuerzo de diálogo social y que los partidos comiencen a buscar los puntos de consenso en vez de tratar de explotar subrepticiamente la crisis para obtener ventajas. La democracia parlamentaria tiene fórmulas sobradas para afrontar las coyunturas adversas sin recurrir a soluciones excéntricas o extraordinarias, que ni están en el espíritu de la Constitución ni resultan adecuadas en un país maduro que hace tiempo ha dejado de creer en propuestas mágicas o en formulaciones mesiánicas.