Presidencialismo, parlamentarismo y guerra de medios

ANTONIO PAPELL La crisis económica está teniendo un efecto perverso sobre el sistema mediático: la lucha por la supervivencia en estos tiempos de adversidad está mediatizando la ecuanimidad de determinados medios, que esgrimen su innegable poder para ablandar resistencias y condicionar voluntades. Y ello se advierte a través de ciertas malformaciones de la opinión publicada. Así, ahora arrecia la acusación de "presidencialismo" contra el presidente del Gobierno, no tanto como argumento proveniente de la oposición conservadora cuanto como crítica sutil emitida desde los que fueron hasta hace poco arrabales mediáticos de Ferraz o de Moncloa. En este marco, la jubilación de Solbes o la marcha de Sevilla al sector privado serían la prueba del nueve de la patológica reconcentración introspectiva del poder en manos de Rodríguez Zapatero.
Efectivamente, nuestro sistema político basado en la Constitución de 1978 no es "presidencialista" sino "parlamentario", como todas las monarquías democráticas en que el Rey es jefe del Estado. En las repúblicas presidencialistas –Francia o Estados Unidos-, el jefe del Estado es elegido directamente por el cuerpo electoral, lo que le convierte en titular del Poder Ejecutivo y en partícipe, con el Parlamento, del Poder Legislativo. En los modelos parlamentarios, republicanos o monárquicos, el primer ministro, jefe del Gobierno, es designado por el Parlamento a través de una elección de segundo grado. En el concreto caso español, mediante la investidura. Una vez nombrado el presidente, "los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente" (Art. 100 C.E.). En consecuencia, aunque la función ejecutiva y la potestad reglamentaria correspondan al Gobierno en su conjunto, sólo su presidente posee la legitimidad de su elección parlamentaria. Además, él "dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo" (Art. 98.2 C.E.).
Si el modelo es éste, carece de sentido reprochar al presidente del Gobierno que concentre (o no) el poder real, que ceda con mayor o menor frecuencia a los consejos y recomendaciones de sus ministros (o de la opinión pública, o de los medios de comunicación), que cuente o no con el asesoramiento de expertos, etc. Al cabo, es el jefe del Gobierno quien ha de responder personalmente ante el Parlamento que lo ha elegido. Por decirlo más claro, la responsabilidad del Gobierno ante la grave crisis actual, los aciertos y desaciertos en la conducción del país, la paternidad de las medidas apropiadas o inconvenientes, corresponden y deben ser imputados al titular del Poder Ejecutivo. La Historia hablará mañana de la habilidad o del naufragio de Rodríguez Zapatero en la conducción de la gran recesión de 2009. Solbes, Sevilla o Salgado figurarán inevitablemente en letra pequeña.
Así las cosas, habría que ver si el subconsciente no ha jugado una mala pasada a quienes, tan extemporáneamente, hablan de "presidencialismo"; quizá quieran criticar que el presidente del Gobierno tenga sus propias ideas sobre determinadas decisiones que afectan al sector audiovisual y no acepte acríticamente las de algunos ministros que piensan en esto diferente. Si así fuera, debería reconocerse que el interés particular ofusca la defensa del interés general que deben reivindicar invariablemente los grandes forjadores de la opinión pública.