PEDRO VILLALAR
Se supone que el Tribunal Constitucional sigue deliberando sobre la constitucionalidad del nuevo Estatuto de Cataluña. Tras tres años de lucubraciones corporativas, ya no logrará salir airoso de la dura prueba: si convalida la norma, habrá cedido a las presiones; si no lo hace, habrá puesto irreflexivamente en peligro la estabilidad y la cohesión del Estado.
Ante esta disyuntiva dramática, cabrían aún dos opciones más: una de ellas, la de declarar por unanimidad la incapacidad del organismo actual, mutilado y caducado, para obtener una decisión con suficiente peso, por lo que se aplazaría la decisión hasta después de su preceptiva renovación. La otra, más evasiva, consistiría en reconocer la impertinencia de dictaminar sobre la constitucionalidad de una norma que ya ha sido refrendada en referéndum; en el futuro, la cuestión de constitucionalidad debería ser previa al plebiscito.
Los partidos, con sus presiones exorbitantes, han acorralado al Constitucional, que hoy es el ojo de un huracán temible. Quizá no sea lícito pedir a sus miembros el heroísmo de pronunciarse para que, en cualquier caso, caiga sobre ellos el injurioso rayo de la descalificación.