El colapso fiscal

ANTONIO PAPELL El anuncio de un inminente incremento de la presión fiscal, todavía sin mayores precisiones (parece que desaparecerá la subvención de los 400 euros y que subirán el IVA –unos dos puntos–, los impuestos especiales y quizá los impuestos sobre las plusvalías), se ha convertido ahora en el gran motivo de discordia, en el elemento central de la polémica, en el argumento frívolo de la gran confrontación. Sin embargo, y en contra de lo que parece, no estamos ante un debate coyuntural relacionado con la estrategia de salida de la crisis: infortunadamente, lo que ocurre es que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha provocado un crack del sistema fiscal español, que ya no es capaz de sostener al Estado si no se procede a una reestructuración a fondo del mismo.
Acaba de celebrarse en Málaga un Simposio Internacional sobre Sistemas Fiscales, organizado por Funcas y Unicaja, y que bajo el título Tax Systems: Whence and whither ha convocado a una cuarentena de ponentes seleccionados entre los expertos internacionales más reconocidos en temas de fiscalidad. En lo tocante a nuestro país, la conclusión más llamativa es que el creciente déficit público no es un problema coyuntural derivado de una crisis cíclica, y que por lo tanto pasará cuando la crisis haya concluido: estamos ante un problema estructural de gran envergadura, provocado por el hecho evidente de que el sector de la construcción residencial, que aportaba una parte notable de los ingresos públicos a las Haciendas de las tres administraciones, no recuperará jamás la dimensión de antes de la crisis. En consecuencia, y como ha declarado Ángel Laborda, economista jefe de Funcas, nuestro sistema fiscal ha dejado de poseer el atributo de la "suficiencia". "El sistema se ha quedado bloqueado, incapacitado para funcionar".

El deterioro de las cuentas públicas se está produciendo además a una gran velocidad. En el actual ejercicio, los expertos no cuentan con que el déficit público baje del 12,5% del PIB, es decir, de algo más de 120.000 millones de euros, y la deuda pública, que estaba en el 40% en 2008, subirá este año hasta el 55% y superará el 60% en 2010. Esta situación catastrófica no es por tanto consecuencia de que el Gobierno haya emprendido una desaforada carrera de gasto: se debe a que nuestro sistema económico, en le que se ha paralizado un sector, ha dejado de ser capaz de recaudar lo necesario para mantener al Estado.
La insuficiencia de recursos afecta también, evidentemente, a las comunidades autónomas y a los entes locales, que han perdido una de las grandes fuentes de ingresos, la proveniente del urbanismo en sus diferentes facetas (plusvalías, licencias de obras, etc.). Hay, pues, una paradoja en la actitud de Rajoy, que se pone al frente de sus autoridades locales para reclamar del Estado más recursos, al mismo tiempo que se niega sistemáticamente a subir impuestos, es decir, a resolver el problema suscitado por el hundimiento de la fiscalidad aplicada a la actividad inmobiliaria.
En estas circunstancias, que conviene divulgar con claridad para que la opinión pública sepa lo que ocurre, la necesidad de revisar todo el sistema fiscal es clara, y hay que hacerlo cuanto antes si no queremos que el edificio estatal se hunda por el fallo en uno de sus grandes pilares.