El patrimonio personal de Matas

ANTONIO TARABINI La decisión del juez Castro de incorporar al sumario del Palma Arena las investigaciones de los fiscales anticorrupción sobre el origen del patrimonio personal de Jaume Matas, merece una reflexión después de que miles de personas pidieran su continuación por los mismos actores y de que se acusara a los promotores de la iniciativa de actuar por venganza y las ordenes y dictado de determinados partidos políticos. El fiscal general del Estado, Conde Pumpido, sin mediar explicación alguna, decidió paralizar la investigación de los fiscales anticorrupción de Balears sobre el origen del patrimonio personal de Jaume Matas, ex president del Govern Balear, trasfiriendo tal competencia al fiscal jefe de Balears, Bartolomé Barceló.
Tal decisión provocó alarma social en buena parte de la ciudadanía, en el sentido de que aunque todos somos iguales ante la ley unos son más iguales que otros. Vistos los hechos, se puso en marcha una iniciativa cívica concretada en un manifiesto dirigido a la fiscalía general del Estado pidiendo que continuara la susodicha investigación por parte de los fiscales anticorrupción. En siete días hábiles se adhirieron 4.059 personas identificados con su DNI, poniéndose en marcha múltiples iniciativas y redes sociales. Lo significativo de tal relación de firmas es que en su inmensa mayoría son personas sin relevancia social ni política. El día 21 de julio se entregó el manifiesto con sus firmas al fiscal jefe de Balears, solicitando que se remitiera al fiscal general y que se nos respondiera en tiempo y forma. Posteriormente se nos comunicó la remisión del manifiesto a la fiscalía general del Estado.
A finales de julio se reunió en Madrid el consejo fiscal que consideró no ajustado a derecho la transferencia de la investigación al fiscal jefe de Balears, Bartolomé Barceló. Conde Pumpido afirmó que en breves días daría respuesta al consejo fiscal. En fecha de hoy, 11 de septiembre, no ha respondido ni al consejo fiscal ni al escrito de 4.059 ciudadanos y ciudadanas.

Ante tales silencios, los promotores de la iniciativa cívica tomaron la decisión de reiterar el escrito al fiscal general solicitándole una respuesta rápida. En el caso de que no se produjera, o decidiera seguir manteniendo la paralización de la investigación por parte de los fiscales anticorrupción, se decidió explorar la conveniencia de presentar denuncia al juzgado de turno, dados los indicios existentes. Más aún, se estaban diseñando fórmulas para recoger los fondos necesarios para cubrir la fianza que, en su caso, debería presentarse ante el correspondiente juzgado. En fecha de hoy, conocida la decisión del juez Castro, se ha decidido mantener el escrito dirigido al fiscal general y suspender la demanda.
Supongo que continuarán manifestándose voces contra la decisión del juez Castro y la iniciativa cívica. Aunque sea predicar en el desierto, los ciudadanos y ciudadanas firmantes del manifiesto lo único que exigen es conocer la verdad. Nadie desea un mal personal a Jaume Matas. A nadie le resulta cómodo denunciar a un ex presidente de nuestra comunidad. Más aún, el propio Jaume Matas, si es inocente, debería ser el primer interesado en que continuara hasta el final la investigación sobre el origen de su patrimonio personal. Si tal investigación se paraliza o cambia de actores sin mediar ninguna explicación, la duda ciudadana es justa y razonable. En cualquier caso, como mínimo, se ha puesto de manifiesto que tal iniciativa cívica no ha resultado inútil, más bien al contrario. Además permite, a pesar de los pesares, renovar una cierta confianza en nuestra justicia.