Accidentes, indemnizaciones, y ´buenas compañías´

MANUEL MOLINA DOMÍNGUEZ (*) Hace algunos días el –según la prensa– "primer grupo asegurador español" ha hecho públicos sus beneficios correspondientes al primer semestre de este año. A pesar de la crisis económica que nos afecta, dichos beneficios han ascendido a la friolera de 530 millones de euros (superando considerablemente los obtenidos en el mismo periodo del año anterior). A su vez, en 2008 la misma compañía ya había incrementado sus beneficios en un 23´2% con respecto a 2007. (Comprendo que afirmen de sí mismos que "no hay más que una").
Yo me congratulo sinceramente por sus afortunados accionistas. Pero me pregunto qué porcentaje (pequeño o grande, da igual) de los beneficios de algunas compañías aseguradoras procede de lo que se deja de pagar a las víctimas de accidentes en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
Porque, aunque me consta que en la mayoría de los equipos de tramitación de siniestros de las compañías trabajan honestos y excelentes profesionales (conozco personalmente a algunos de ellos desde hace muchos años), también es cierto que desde alguna entidad aseguradora se pone excesivo empeño en reducir costes también ese ámbito: las indemnizaciones. ¡Ah, que grandes benefactores de la humanidad! ¡Con qué tesón velan para que las víctimas no olviden que "el dinero no da la felicidad"!
Son también muy ilustrativas las campañas de "información" que, a instancias del sector asegurador, se llevan a cabo periódicamente para denunciar el fraude a las compañías por parte de desaprensivos que fingen daños –o, incluso, accidentes– donde no los hubo a fin de lucrarse ilegítimamente. En dichos supuestos tengo muy claro que hay que perseguir legalmente dicho fraude hasta sus últimas consecuencias.
Pero ¿por qué no se habla nunca de las indemnizaciones que no llegan a ser pagadas –o sólo se abonan parcialmente– por las compañías aseguradoras? Hablo de las indemnizaciones para lesionados y otras víctimas que, sin comerlo ni beberlo, ven truncadas sus vidas cotidianas a causa de accidentes. Desde quienes solo sufren daños materiales o lesiones menos graves que les incapacitan temporalmente para sus ocupaciones habituales; hasta quienes padecen graves secuelas, quedan condenados de por vida a una silla de ruedas (y situaciones de invalidez aún más terribles), o pierden a sus hijos, cónyuges y seres más queridos, por los mismos desgraciados motivos.

Pues seguramente no se habla de ello porque al más poderoso de esta historia no le interesa. Pero es innegable que sucede. Aunque solo sea a causa del desconocimiento de las víctimas sobre sus derechos y –especialmente– sobre los conceptos y cuantías por los que les corresponde ser indemnizadas.
Unas cuantías que, por otra parte, no son como para tirar cohetes. Precisamente, ahora hace un año en Palma el fiscal delegado para la seguridad vial reclamó públicamente un aumento de las indemnizaciones para las víctimas de accidentes de tráfico. En tal sentido, instó a los legisladores a revisar al alza "el baremo" (es decir, la norma legal que permite calcular las cuantías indemnizatorias máximas) debido a que el actual es "insuficiente y está desfasado". El fiscal recordó además que las víctimas sufren "tragedias de por vida" y que las ayudas que perciben no atienden a sus necesidades. No obstante, nada se sabe de movimientos legislativos en ese sentido. Quizá haya quien esté presionando en las instancias adecuadas para que nada cambie. Poderoso caballero es "don Dinero" (perdón, quise decir, "el sector asegurador").
Es comprensible por todo ello que quienes en este terreno procuramos actuar de forma independiente seamos objeto de aversión por parte de las compañías de seguros (e incluso de alguna que otra maledicencia propagada por sus más insignes acólitos). Particularmente me alegro. Señal de que algo estaremos haciendo bien.

(*) Abogado