LLORENÇ RIERA
La providencia del juez instructor del caso Palma Arena por la que decide incorporar a la instrucción de la causa la investigación sobre el patrimonio acumulado por el ex presidente Jaume Matas, constituye un paso prácticamente decisivo para determinar, de una vez por todas, si el aludido amañó una presunta trama de desvío de fondos públicos y cuál es su grado de responsabilidad sobre el alto sobrecoste y las numerosas irregularidades del velódromo en cuestión. Lo que debían ser explicaciones consecuentes con la responsabilidad política y personal de Matas y que nunca se han producido –pese a los reiterados amagos hechos por boca de su letrado– quedan ahora bajo las riendas de la Justicia. El magistrado Castro toma una determinación sustancial mientras el Ministerio Público sigue disipando sus dudas sobre si hay indicios suficientes de fraude que aconsejen esclarecer la procedencia del patrimonio de Jaume Matas. Tanto el Fiscal Jefe de Balears como el Fiscal General del Estado deben pronunciarse en este sentido y en función de sus cargos y de las competencias que les son propias. Mientras y sin que una cosa esté ni deba estar orgánicamente vinculada con la otra, el juez ya ha tomado la resolución determinante. Lo hace a partir de la misma documentación de base aportada por los fiscales anticorrupción y que no es otra que las pesquisas de la Agencia Tributaria sobre los bienes y propiedades de Jaume Matas y sus allegados más inmediatos.
Al margen de decisiones de los órganos de los poderes del Estado o profesionales de distinto rango, una cosa fundamental está clara de forma suficiente, por no decir sobrada. Durante su última época de gobierno autonómico y de presidencia del PP, Jaume Matas acumuló un patrimonio en forma de palacete en la calle San Felio de Palma, apartamento en Colònia de Sant Jordi, piso de lujo en Madrid y mobiliario y bienes varios de lujo que parecen considerablemente desproporcionados con sus ingresos oficiales. Si lo ha hecho de forma lícita, transparente y con fiscalidad al día, habrá que sacarse el sombrero y darle la enhorabuena por su habilidad, pero si median corruptelas y aprovechamiento personal cabe pedirle responsabilidades al máximo porque, no lo olvidemos, hablamos de un hombre público con altas responsabilidades públicas. Dado su silencio y las declaraciones judiciales que han trascendido, sólo la propia Justicia puede esclarecer la situación.
El portavoz del PP, Carlos Simarro declaraba ayer que "existe el objetivo de involucrar al ex presidente en algo ilícito" ¿Se refería sólo a las fuerzas políticas rivales? Simarro también hablaba de persecución con claros intereses políticos. En este campo y en todas direcciones, cada uno corre cuanto puede sin reparar en zancadillas. Hace tiempo que está demostrado. La clarificación, de una vez por todas, de la procedencia del patrimonio de la familia de Jaume Matas contribuiría a disipar este malestar político y a aportar una información vital que la sociedad balear merece.