Incomodidad manifiesta

JOSÉ JAUME Cada vez que un político de la derecha se adentra en el asunto de la Guerra Civil a cuenta de la Ley de la Memoria Histórica (el último ha sido el senador del PP, Joan Huguet), la incomodidad, producto de no haber roto los lazos con el todavía fresco pasado franquista de parte de la derecha española integrada en el PP, entra poderosamente en escena. El catálogo de justificaciones que exhibe es el de siempre: atrocidades y crímenes hubo por las dos partes, lo que es rigurosamente cierto, y nadie es hoy heredero de lo que sucedió entre 1936 y 1939. La fecha de caducidad la sitúan en el uno de abril de 1939, día en el que concluyó oficialmente la guerra. Lo ocurrido a lo largo de las décadas posteriores no cuenta. No se contabilizan los miles de fusilados ni la brutal represión ejercida por la dictadura. Que todavía en 1952, trece años después de concluida la guerra, se fusilara a quienes la perdieron o que el último campo de concentración se cerrara hacia 1958, no es necesario recordarlo.
La perversidad de la argumentación de los que sostienen lo de la culpa compartida hay que buscarla en que soslayan el hecho fundamental: la Guerra Civil se originó a raíz del semifracaso del golpe de estado de una parte del ejército contra el gobierno legítimo de la República. Sin el golpe, la guerra no habría estallado y hoy seguramente no habría memoria histórica que restaurar.

Dicho esto, resulta también chocante que se diga que no se recuerda a José Calvo Sotelo, uno de los principales conspiradores de la trama civil del golpe de estado, cuyo asesinato fue repugnante, como todos, además de políticamente letal, o que se obvía a los miles de religiosos igualmente masacrados en los primeros meses de la guerra. Uno y otros han sido recordados a diario durante décadas, y los últimos canonizados por la iglesia católica, cuyos obispos, dato importante, se sumaron con entusiasmo a los golpistas, ofreciéndoles todas las bendiciones que requirieron para justificar sus crímenes.
Además, la mala conciencia de un sector del PP, su herencia franquista, se pone de manifiesto cuando sistemáticamente se niega a que los símbolos de la dictadura desaparezcan de una vez por todas. No permite que se elimine la estatua de Franco en Melilla; no quiere que desaparezca el monumento a Primo de Rivera, el fundador de la fascista Falange, en Granada; vota en contra de la eliminación del callejero golpista en La Coruña… Aquí, en Palma, bloqueó la eliminación de la "Cruz de los Caídos" y jamás vio con buenos ojos las sustituciones en los nombres de las calles que honraban a los insurrectos.

A la derecha, la memoria histórica le molesta. No tiene intención alguna de que se pueda recordar. Afirma que todo es una revancha de los vencidos en la Guerra Civil, que se busca reabrir heridas. No entiende nada o, lo más probable, no permite que salga a relucir su pasado. De qué, en caso contrario, jalearía con entusiasmo la imputación del juez Baltasar Garzón por querer enjuiciar los crímenes de la dictadura. A una parte de la derecha no es que les moleste que la acusen de ser heredera del franquismo, porque se siente heredera de él y se solivianta cuando esa herencia es abominada por muchos. Esa es la razón de su radical rechazo a la memoria histórica.