Cada vez entiendo más a la gente que, en una situación económica y social como la que estamos pasando, pidan a la Administración pública y al ámbito político resultados en lugar de grandes anuncios y titulares en la prensa. Desgraciadamente, la nueva Ley de servicios sociales recientemente aprobada en el Parlament y que entró en vigor el pasado día 18 de agosto no ayuda a aportar argumentos para quienes pensamos que no bastan las buenas intenciones si no están acompañadas de presupuestos y acciones realistas.
Sin duda, algunos de los 139 artículos de la nueva Ley tienen virtudes que merecieron una "abstención positiva" del grupo de la oposición. Aun así, resulta extremadamente preocupante que la fórmula que se prevé para su aplicación sea el conocido "yo invito, tu pagas". Me explico: el Govern anuncia por activa y por pasiva que la nueva norma garantiza comida, ropa y alojamiento a todo aquel que lo necesite y, a día de hoy, con la Ley en plena vigencia, nada ha cambiado: son los ayuntamientos los que tienen a los usuarios ante las puertas de sus oficinas solicitando ayuda. ¿Alguien ha previsto de qué modo los municipios pueden afrontar este derecho que, mientras usted lee este artículo, un ciudadano puede reclamar? Y más: ¿alguien sabe cómo solicitar estas ayudas?, ¿alguien sabe qué presupuesto específico se contempla para cubrir esta obligación? Me temo que la respuesta a cada una de las preguntas es un lamentable no. ¿Es que todo se va a quedar en un titular en la prensa?
Algo similar sucede con el resto de prestaciones y servicios que serán posibles gracias a la Ley, la cual establece que se deberán concretar en una "cartera de servicios" que se elaborará en un plazo de un año y medio después de su entrada en vigor. Pues bien: hagan cuentas. El Govern aprobará por decreto los servicios sociales que se pondrán a disposición de los ciudadanos aproximadamente cuatro meses antes de las elecciones locales y autonómicas del 2011; es decir, en plena contienda electoral se presentarán las soluciones a todos los "males sociales" de nuestra comunidad con un presupuesto que el Pacte gestionará durante un máximo de cuatro meses, si se cumple el calendario electoral habitual. ¿Qué nos pueden llegar a prometer en esas épocas, si puede que lo gestionen (y efectúen el pago) otros? ¿No habría sido preferible que la Ley incluyera una cartera concreta y ampliable de servicios presupuestados hoy, como proponíamos desde el Partido Popular? ¿No habría sido positivo hacerlo así para presentar una Ley con el mínimo necesario pactado entre todas las fuerzas políticas? ¿Entiende usted ahora nuestra abstención a la Ley, por el contrario de un apoyo incondicional?
Pues hay más: la memoria económica de la Ley que debe hacer viable el acceso a comida, ropa y alojamiento a todos los ciudadanos que lo necesiten lleva frases tan elocuentes como las siguientes, en sus escasas ocho hojas: "El Pla Estratègic de serveis socials i els plans sectorials (que incluyen la cartera de servicios) són instruments que també tindran el seu impacte en el pressupost de la comunitat autònoma, però que es desenvolupen en posterioritat a l´aprovació de l´avantprojecte de Llei, i que a hores d´ara és impossible quantificar"; "aquesta conselleria disposa d´informació agregada que dificulta l´elaboració d´estimacions més afinades, més de detall sobre els recursos econòmics que es destinen a cada un dels tipus de serveis". ¿No habría sido más interesante promover un pacto sólido entorno a la aportación económica necesaria para garantizar los servicios sociales necesarios? Pues no fue posible. Tan sólo se aceptó una enmienda que propusimos encaminada a que los ayuntamientos nunca recibirían menos apoyo económico del que recibían en el momento de la aprobación de la Ley. Nada más.
Y ante esta situación, ¿cuál va a ser la postura del Partido Popular? Pues mire: vamos a seguir haciendo propuestas en positivo para intentar llegar a acuerdos con el Govern, como hicimos recientemente con la presentación de "Medidas para un plan social anticrisis", eso sí, sin dejar de evidenciar aquello que, como lo que les acabo de exponer, no nos parece bien. En este tema tan relevante lo importante es quien tiene la necesidad, no quien anhela acumular titulares en los medios de comunicación.
(*) Diputat del PP de les Illes Balears (aserra.diputats@parlamentib.es)
