El cambio de modelo

ANTONIO PAPELL Los pronósticos anuncian que, aunque comienzan a verse signos elocuentes de reactivación en Occidente, nuestro país tardará más que la mayoría en remontar la recesión. El retraso será aproximadamente de un año, y será debido fundamentalmente al hundimiento, en parte irreversible, de la construcción residencial. Durante más de quince años, aquí se ha alentado con indiferencia el crecimiento desordenado de la burbuja inmobiliaria, cuyo estallido representa no sólo la pérdida definitiva de unos 7 puntos del PIB sino también una gran bolsa de desempleo, constituida en su mayor parte por personas sin cualificación profesional.
En estas circunstancias, el "cambio de modelo de crecimiento", un concepto tópico que se ha enunciado retóricamente por unos y por otros con reiteración en los últimos años, se ha convertido en una imperiosa necesidad inaplazable. Es preciso incrementar la productividad del sistema, tanto para potenciar el deficitario sector exterior cuanto para generar nuevas actividades de alto valor añadido sustitutivas de las que han cesado para siempre. Y, al propio tiempo, el Gobierno, que ha agotado prácticamente su capacidad de endeudamiento, necesita reducir significativamente el gasto público en los Presupuestos 2010 mediante todos los recortes posibles para disponer de cierto margen de maniobra que le permita mantener medidas de estímulo a la economía hasta que se recupere la normalidad.
La futura Ley de Economía Sostenible, que ayer presentó el presidente del Gobierno a los agentes sociales, puede ser una herramienta útil para la conquista de la productividad. La pasada semana, Rodríguez Zapatero resumió su contenido en cinco ejes: más y mejor regulación económica (para generar mejor transparencia y permitir la reforma de organismos reguladores sectoriales); apoyo a la internacionalización de las empresas y más colaboración entre lo público y lo privado; reforma de la formación profesional; nuevos incentivos a la I+D+i, y creación de un fondo de inversión privada de 20.000 millones a cargo del ICO y de otro de 5.000 millones para fomentar la inversión pública de los entes locales.

No hay ideas nuevas en esta propuesta, salvo la aplicación de cantidades concretas a los objetivos. Es, pues, lógica la desconfianza que suscita en la opinión pública. Pero esta vez no existen opciones alternativas: o se moderniza la estructura económica o perderemos el tren del desarrollo europeo. De ahí la importancia de que no sólo los agentes sociales sino también las fuerzas políticas se sumen a estos designios, que no forman un plan de oportunidad sino que deberían marcar un rumbo permanente durante varias legislaturas. Insinuar la necesidad de que el Gobierno y el principal partido de la oposición colaboren en estas iniciativas es una pérdida de tiempo, pero debe quedar al menos constancia de que lo sensato sería generar un consenso en estos asuntos de los que depende la recuperación de la prosperidad de este país. La oposición, que confía evidentemente en que el desgaste que padece el Gobierno a causa de la crisis le abra las puertas del poder, debería reflexionar sobre su responsabilidad objetiva y sobre la evidencia de que heredar un país en ruinas le supondría una victoria pírrica.