Algún día, un golpe de timón

ANTONIO PAPELL Se aproximan las fechas de la negociación de los Presupuestos y, como cada año en las etapas sin mayoría absoluta en el Congreso, se iniciará una indecorosa subasta entre el partido gubernamental y las minorías de la Cámara. En algún caso –Izquierda Unida– el trueque se planteará en términos ideológicos; las más de las veces, el tira y afloja versará sobre exigencias territoriales. Las fuerzas nacionalistas aprovecharán de nuevo la ocasión para arrancar contrapartidas a su apoyo.
Esta evidencia, que es recurrente y que afecta a todo el proceso legislativo residenciado en el Parlamento, se relaciona claramente con el mal diseño constitucional de la bicameralidad: el Senado, definido como "cámara de representación territorial", es irrelevante en nuestro modelo, en el que paradójicamente los nacionalismos periféricos son determinantes en el Congreso, que es la residencia de la soberanía nacional, única e indivisible.
Nuestra Constitución ha cumplido ya treinta años, y lo milagroso es que continúe tan viva y pujante cuando. El Título VIII sirvió para construir un aceptable régimen descentralizado, que hoy debería incorporarse a la Carta Magna en su configuración final, pero no fue posible entonces establecer la correlación correcta entre la estructura territorial y el sistema representativo. La carencia ha sido percibida desde hace tiempo, y prueba de ello es que la reforma del Senado ha figurado en todos los programas de reforma constitucional que han planteado tanto el PP como el PSOE.
La sentencia del TC sobre el Estatut, que demarcará definitivamente los límites del Estado autonómico podría ser la señal para una reforma constitucional, pilotada por los dos grandes partidos, que, al tiempo que reescribiese el Título VIII, reformase el Legislativo para darle una verdadera funcionalidad federal.

Ese golpe de timón, que daría consistencia al Estado, debería otorgar capacidad legislativa plena al Senado en aquellos asuntos de alcance territorial, relacionados con la vertebración del país, y esta cámara debería representar directamente a las comunidades autónomas, que designarían a sus senadores. El Congreso, en cambio, estaría reservado a las formaciones estatales que tuviesen presencia efectiva en la mayoría de las comunidades y provincias. Una reforma electoral "a la alemana", con una lista estatal y otras regionales, permitiría la presencia parlamentaria de "terceras vías" estatales, como IU o la formación de Rosa Díez, pero excluiría a los partidos nacionalistas.
Una reforma de este calado, que supondría de hecho una especie de refundación constituyente, no es posible sin el previo e intenso convencimiento de las dos grandes formaciones nacionales, que ya han demostrado su capacidad de consenso en el País Vasco, a pesar del ruido reinante en el resto del Estado.

La necesidad de la mudanza es bastante obvia, con independencia de que tendría sin duda un gran apoyo social (salvo, claro está, en los sectores particularistas de la periferia). No tiene sentido ni es políticamente justificable que formaciones radicales minoritarias que tan sólo defienden intereses regionales terminen influyendo decisivamente en el sentido de las grandes leyes. El argumento es diáfano, aunque su solo planteamiento pueda desencadenar una gran tormenta.