Desbordados

SEBASTIÀ VERD ¿Qué ocurre cuando la administración incumple sus compromisos sociales? En tiempos difíciles como los de ahora, desde el gobierno central al último de los ayuntamientos se muestran dispuestos a ayudar a la población más desfavorecida. Eso dicen. Sobre el papel hay ayudas complementarias al paro, subvenciones para discapacitados, bonos alimenticios… y ayudas a la vivienda: para la adquisición de VPO y también para el pago de alquileres. Todo para que nadie se quede sin techo o sin un sustento mínimo. Pero la administración falla. A veces estrepitosamente, como le ocurre a Ruth López, una madre separada a la que sus ingresos son insuficientes para pagar el alquiler, por lo que, teóricamente, recibe una subvención del Ibavi. Teóricamente, porque lleva meses sin recibirla. En las oficinas del instituto, dependiente de la conselleria de Vivienda y Obras Públicas, le dicen que se han quedado sin fondos, pero que tiene suerte porque aunque sea tarde recibirá su dinero. El problema es que no podrá pagar el próximo mes y tiene miedo de que puedan desahuciarla,
Lo grave es que el problema de Ruth López si no generalizado si afecta a muchísimos departamentos. Los organismos públicos que atienden necesidades sociales están desbordados. En la propia conselleria de Vivienda y Obras Públicas se han visto obligados a establecer un cupo de cuatrocientas solicitudes similares a la que comentamos y aún así se las ven y desean para ajustarse al presupuesto. Las ayudas no bastan. En Mallorca existen miles de viviendas vacías y, sin embargo, la demanda de viviendas sociales no para de crecer. No se trata de viviendas dedicadas a segunda residencia o al mercado turístico, sino de pisos construidos para atender una demanda que, hoy por hoy, carece de recursos suficientes. Promotores, Govern y aspirantes a una vivienda están metidos en un laberinto al que no se ve una salida.

Desde que se inició esta legislatura, tanto el gobierno central como el Govern han calificado la vivienda como objetivo prioritario, pero los planes tardan en ejecutarse. No se ve la prioridad por ningún sitio. Muchas de las viviendas libres que los promotores tienen en ´stock´ podrían transformarse en viviendas protegidas, pero el dinero o no alcanza o se pierde en el laberinto antes mencionado. Y cada vez son más los ciudadanos que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler y que acuden a las administraciones en demanda de una ayuda ya casi imposible. No quedará más remedio que ajustar los presupuestos y destinar más dinero a asuntos sociales, pero eso será a partir del año próximo y teniendo en cuenta que las haciendas públicas se ven afectadas por la crisis tanto como cualquier vecino.
Desde el Ibavi han reconocido que la situación es delicada. Achaca los retrasos en el pago de ayudas a alquileres a "problemas de tramitación contable", un eufemismo funcionarial para justificar lo que para los afectados es injustificable. Cuesta creer que un problema administrativo puede provocar el impago de un alquiler y, con él, el encadenamiento de fallos económicos en todos los niveles. Demasiado tenemos ya con la crisis como para soportar los desajustes contables que impiden a la administración cumplir con sus compromisos. Con el problema añadido que esta situación no es exclusiva de la conselleria de Vivienda sino que afecta a la práctica totalidad de administraciones en unos momentos en que la crisis está poniendo a prueba nuestra convivencia.