ANTONIO PAPELL
La polémica resultaba previsible : cuando el consejo de ministros del pasado día 13 aprobó un subsidio complementario de 420 euros para quienes agotaran el seguro de paro a partir del 1 de agosto y durante los 180 días posteriores, se hizo enseguida manifiesto que la medida resultaba discriminatoria. En efecto, quedan fuera del alcance de la ayuda quienes, por haber entrado en paro en primer lugar a causa de la crisis, agotaron el subsidio antes de la mencionada fecha. Lo que implica un estado de mayor necesidad, si cabe, al haber permanecido ya un tiempo esas personas sin ayuda alguna. Según el propio INEM, 1,2 millones de trabajadores se encuentran en esta situación. Algunas federaciones sindicales –no las cúpulas de las organizzaciones– ya han puesto el grito en el cielo, y el PP ha criticado con razón la frivolidad de la medida.
La razón de esta arbitrariedad ha sido obviamente económica: el Gobierno dice estar dispuesto a aplicar a los nuevos subsidios, unos 340.000 en total, 642 millones de euros (aunque no salen las cuentas porque 340.000 x 420 euros x 6 meses= 856,8 millones de euros), y la extensión a todos los parados sin subsidios costaría muchísimo más: unos 2.000 millones. De cualquier modo, la situación es insostenible ya que el agravio de quienes quedan fuera de la horquilla es insostenible.
Los sindicatos eran conscientes de ello, y de ahí que durante la fallida negociación social recomendaran que se subsidiara a quienes perdieron el seguro de paro tiempo atrás (llegó a barajarse el pasado 1 de enero). O, en su defecto, propusieron recurrir a la Renta Activa de Inserción, que se ofrece a los parados de más de 45 años que se enrolen en un curso de formación. Trabajo se negó porque ambas fórmulas significaban un costo mucho mayor y porque no aceptaba la frontera de los 45 años.
Sea por la crítica del Partido Popular o por la reacción sindical, Zapatero ha tomado conciencia de que no puede mantener las cosas como están, por lo que es presumible una ampliación del subsidio extraordinario. Lo que puede tener un coste inasumible en términos de déficit público. Quizá sea el momento de aplicar una solución liberal al problema: el subsidio directo y personalizado, que atienda a cada uno según su posición. La única solución razonable sería subvencionar directamente las situaciones de mayor necesidad, pero ello requeriría una gestión personalizada muy compleja para la que no existe personal suficiente.
Lo más llamativo de este asunto es que el ministro Corbacho no sabe/no contesta porque está de vacaciones. Hasta ahora, han tenido que dar la cara en este asunto José Blanco, ministro de Fomento, y el propio presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, quien ha tenido que salir de su burbuja lanzaroteña para dar explicaciones. Resulta sencillamente indignante que el responsable de Trabajo de un país que se encamina a los cuatro millones de parados y cuyo PIB decrece a un ritmo del 4% esté veraneando fuera de su despacho, por fuertes que sean los calores de agosto.